Morelia, Michoacán / Fátima Paz – Redacción
El Gobierno del Estado ya realizó un primer pago, de 284 millones de pesos, a la dirección de Pensiones Civiles, con la que se mantiene un adeudo histórico de 484 millones de pesos desde hace más de una década.
“Es una deuda de 484 mdp que se tenía desde hace 12 ó 14 años y que generaba un detrimento en las finanzas de Pensiones Civiles para otorgar mejores servicios, mejores créditos”, explicó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario declaró que él mismo cotiza en esta instancia y que se llegó a un acuerdo de conciliación con la misma, para poder acabar este año con este adeudo que se remonta al año 2010:
“Yo mismo tengo 14 ó 15 años cotizando en Pensiones. Este es un acto de justicia social. Ya se hizo el primer depósito por 284 mdp y se irá cubriendo 20 mdp más cada mes, para que en octubre quede totalmente saldada la deuda”.
Una vez saldada más de la mitad de la deuda, los 201 millones de pesos restantes se pagarán en 10 exhibiciones entre los meses de enero y octubre de este año, pero sin dejar de atender las aportaciones obrero patronales correspondientes a 2023.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra Piñón, agradeció al gobernador su disposición y señaló al exgobernador priista Fausto Vallejo Figueroa como responsable de que la deuda creciera, pues si bien ésta no se generó durante su mandato, sí fue durante el mismo que se acrecentó por la falta de pago o las aportaciones irregulares.
En el período siguiente, correspondiente a Silvano Aureoles, continuó, sí se hicieron aportaciones hasta por 200 millones de pesos, pero de manera irregular, por lo que agradeció que el gobierno actual haya decidido pagar incluso los intereses:
“Es un regalo de Año Nuevo que nos da el gobierno a los trabajadores”, consideró.
Finalmente, los líderes sindicales presentes señalaron al gobernador que consideran necesaria una reforma al Sistema de Pensiones Civiles, ya que actualmente existen 10 mil pensionados y más de 50 mil trabajadores en activo en la nómina gubernamental, es decir, una relación de cinco a uno -cinco trabajadores en activo por cada pensionado-, mientras que esta relación era de 20 a uno anteriormente.
