Gambito Social
En el marco del arranque del 2023, preocupa el hecho de que en la estructura educativa del gobierno estatal actual hay quienes han recibido nombramientos recientes en cargos directivos, a pesar de que cuentan con antecedentes públicos de haber pactado con gremios y firmado minutas, comprometiendo el erario destinado a educar a los hijos de los michoacanos con las fracciones sindicales.
Lo anterior se encuentra debidamente documentado, tanto en la administración central de la Secretaría de Educación en el Estado como en subsistemas, pudiéndose cuantificar incluso cómo se comprometió el presupuesto y la incidencia patrimonial que se ha generado al respecto con el transcurrir de los años. Paralelamente, hay quienes arrastran procesos administrativos derivados de tales actuaciones como servidores públicos.
Ello, además de dotarles de un antecedente negativo y de colocarlos bajo la lupa, los ubica en posición de conflicto de intereses con los gremios respectivos y con las personas físicas con quienes previamente convinieron sobre recursos públicos, en caso de volver a negociar o incluso convenir con ellos.
Si bien, en su momento no fueron sancionados por tales hechos, derivado de que no hubo voluntad política y el marco normativo es prácticamente ciego y omiso ante la firma de minutas, los tiempos han cambiado. La sociedad michoacana está informada y atenta al respecto, por lo que no vacilaría en denunciar abiertamente una situación así.
Más aún, ya no están en los gobiernos pasados, sino que ahora pertenecen a una administración pública estatal que se ha caracterizado por visibilizar y denunciar los actos corruptivos desde el poder. Es momento de reinventarse y emprender acciones diferentes.
En absoluto debe entenderse como un tema de persecución personal, sino como la necesidad de profilaxis y seguridad para todos de que no irrumpamos nuevamente en el eterno y lastimero retorno. Los funcionarios involucrados en estas cuestiones pretéritas, en aras del bien mayor, deben marcar claramente la mayor distancia posible con versiones previas de sí mismos.
Por ejemplo, deben de declarar proactivamente los intereses potenciales y rendir cuentas más que nadie, antes de que sobrevengan las solicitudes de acceso a la información o los cuestionamientos públicos, porque la confianza es un activo invaluable por cuidar en el ejercicio de la función pública, ya que la que consiguió el titular del poder ejecutivo estatal en las urnas no debe de tirarse por la borda con actuaciones opacas o indebidas por parte de quienes han sido designados como sus subordinados.
Es sabido que los mismos actores, en los mismos cargos y haciendo lo mismo no pueden brindar resultados mejores. Entonces es preciso que se modifiquen las conductas del pasado y se disipen las sombras de las proclividades del ayer.
Se debe administrar con pulcritud y efectividad para evitar que, desde la oscuridad, se repitan escenarios donde los acuerdos bilaterales enajenen los recursos destinados primigeniamente a la educación de la niñez y juventud en Michoacán.
2023 es el año para que tengamos un saneamiento profundo e integral en las finanzas educativas, de que se priorice el derecho a aprender y que toda sospecha se evapore a través de la mejor administración pública posible. Merecemos un gobierno educador.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A. C
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