Morelia, Michoacán
Con el voto en contra de 16 diputados locales, 22 legisladores avalaron eliminar la Unidad Programática Presupuestal (UPP) correspondiente a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), con lo que volverá a constituirse como un apéndice del Congreso local.
Poco le duró la autonomía a este organismo fiscalizador, pues apenas en 2019 se aprobó su desincorporación del presupuesto, luego de que el Congreso de Michoacán fue señalado varios años consecutivos por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) de ser el más costoso del país, lo que de acuerdo de los legisladores de aquel entonces, se debía a que tenía que cargar con el peso del presupuesto de la ASM.
El diputado Marco Polo Aguirre, quien en la pasada Legislatura fue presidente de la Comisión Inspectora de la ASM y avaló esta desincorporación, este miércoles pugnó por lo contrario, ya que aseguró que el auditor general se ha excedido en sus atribuciones, al contratar personal que no cuenta con el perfil determinado por el mismo Congreso y ejemplificó con el caso de una jefatura de departamente encabezada por una persona que tiene estudios máximos de bachillerato y donde también labora un licenciado en Nutrición.
“Compañeros, no se pongan contentos, no le vamos a poder meter la mano para personal”, creyó prudente aclarar.
Además, propuso que se audite a la auditoría. Es decir, que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría tanto al órgano interno de su homóloga estatal como a la propia ASM en su ejercicio fiscal 2022.
En la misma tónica fue la intervención de Juan Carlos Barragán, de Morena, quien enlistó una serie de irregularidades que aseguró que ha cometido el auditor general este año, como dejar que prescribiera la posibilidad de sancionar a servidores públicos, no auditar presencialmente a los municipios donde hay inseguridad, contratar a la empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de peculado, tener conflicto de interés por contar con una empresa constructora que trabaja para algunos municipios, otorgar compensaciones a su personal y aplicar multas sin tener facultades para ello.
“Al no otorgarle una UPP propia estaremos comprometiendo el alcance de sus objetivos”, observó la presidenta de la Comisión Inspectora, Guillermina Ríos Torres, del PRI.
“Es un órgano dependiente del Congreso del Estado. Punto”. Fue el argumento de la diputada de Morena, Seyra Anahí Alemán.
A favor de la opacidad, votaron sin saber qué
Durante la sesión, el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, evidenció que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) votaron el proyecto presupuestal un día antes y sin conocer el desglose de los gastos. Es decir, sin saber de qué manera se iban a distribuir los gastos y además, sin enlistar el tema en el orden del día de la sesión de la junta.
Por esta razón es que pidió una moción suspensiva. Es decir, suspender la discusión y votación del dictamen hasta que se hiciera llegar al pleno el desglose. Obtuvo 16 votos a favor y 21 en contra.
A continuación, el diputado subió a tribuna para destacar que se estaba votando una propuesta fuera de la ley, pues además de no conocer lo que estaban votando, tendrían que haberlo hecho a más tardar el 11 de noviembre, además de que la Constitución de la entidad determina que la ASM debe tener autonomía financiera y de gestión.
“Que esta UPP se esté suprimiendo a través de un acuerdo de la Jucopo no es legal y más cuando no se dio la información con anticipación”, señaló.
Agregó que a pesar de que la presidenta de la Mesa Directiva no debe tener voto en las sesiones de la Jucopo, emitió un voto en esa ocasión. Ella lo negó.
Con respecto a los señalamientos de presuntos malos manejos, propuso que éstos se atendieran mediante los procedimientos legales correspondientes y no acotando la autonomía del organismo y en ello coincidió Óscar Escobar Ledesma, quien pidió no destruir la institución a costa de una venganza personal o de un grupo.
“Ya es una práctica de estos gobiernos de desaparecer los contrapesos. En toda democracia son buenos los pesos y contapesos y no el autoritarismo por el que está gobernado el país”, concluyó Víctor Manríquez.
“La falta de transparencia también es corrupción”
Por su parte, Baltazar Gaona, del PT, pidió una moción aclarativa que tampoco prosperó y sugirió que el tema de la ASM fue impuesto para ocultar la opacidad en el manejo de los recursos del Congreso, por lo que recordó que “la falta de transparencia también es corrupción”.
“Seguramente muchos se están ya sobando las manos”, avizoró.
A un año, siguen sin conocer sus procedimientos
Se dio un debate antes del debate, pues los diputados no se ponían de acuerdo acerca de si la moción suspensiva tenía que presentante y votarse antes de argumentar a favor o en contra o durante la discusión. Ruvieron que (re)leer la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
El Congreso ejercerá durante el 2023 mil 87 millones de pesos. De los cuales, 967 millones serán para el Legislatico y 210 a la ASM. Los rubros a los que se destinará el gasto son, como cada año, un misterio.
