Foto: Fátima Paz

Morelia, Michoacán

Como ya habían intentado en otras ocasiones, los diputados locales deslizaron el reconocimiento a la vida desde la concepción, o lo que es lo mismo, dotar de reconocimiento a un embrión como si fuera una persona, en un dictamen sobre otro tema, y esta vez casi se salen con la suya, pues el dictamen se votó en el pleno y se emitió un decreto; sin embargo, fue observado por el Ejecutivo estatal.

Se trata del Decreto Legislativo 203, en donde se establecen mayores penas para quien cometa un feminicidio dentro del Código Penal, pero no sólo eso, sino que también se establece aumentar las sanciones por tentativa y feminicidio cuando la víctima se encuentre embarazada.

Esto, de acuerdo con el documento que hizo llegar el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al Congreso del Estado, estaría dotando de reconocimiento de persona al producto del embarazo, lo cual excede las atribuciones de los Congresos locales, pues contraviene la Constitución, los tratados internacionales y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de que un reconocimiento de esta naturaleza tendría que hacerlo el Congreso de la Unión mediante una reforma constitucional.

Además de lo anterior, el Ejecutivo observó algunas faltas de ortografía en el dictamen, un error al enumerar los artículos y recomendó también puntualizar en la definición de “feminicidio” que es un delito que se comete por razones de género, aunque recientemente la SCJN recomendó que todos los homicidios de mujeres se consideren en un primer momento como feminicidios.

El gobernador también pide que se agregue una pena de cárcel para los servidores públicos que entorpezcan las investigaciones de feminicidios, en concordancia con la reforma recientemente aprobada al Código Penal Federal.

Como se decía al principio, no es la primera vez que un tema “provida” se introduce en una propuesta de reforma, aparetemente con otro fin. Hace unos meses se aprobó que los fetos -no las personas embarazadas- pudieran ser objeto de programas gubernamentales. En aquella ocasión también el gobernador emitió observaciones al dictamen para que no pudiera ser publicado en esos términos.

Se ha intentado también introducir el tema en otras iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, la adopción (Yarabí Ávila) o la pensión alimenticia (Baltazar Gaona), pero éstas no han avanzado en comisiones.

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