Iglesia Católica se pronuncia a favor del INE y contra reforma de AMLO

Ciudad de México

La iniciativa electoral de Presidencia es regresiva y constituye un agravio a la vida democrática del país para la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que emitió un comunicado en defensa de las instituciones electorales.

Todos los obispos del país, representados por este organismo, señalaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) posee reconocimiento internacional y una amplia aceptación entre los mexicanos:

“El INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las Instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la Ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder Judicial Electoral”.

Reconocieron la labor tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y destacaron que son producto de la lucha tanto de la sociedad como de todos los partidos políticos para que el gobierno dejara de ser “juez y parte” en las elecciones y fuera posible la transición:

“Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas”, expresan en su comunicado.

En ese sentido, se dijeron preocupados por la iniciativa que presentó el Ejecutivo en el Congreso para limitar las funciones de este organismo, pues de aprobarse, el Ejecutivo volvería a tener injerencia en las elecciones:

“Por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.

Más aún, consideraron que ningún ciudadano o gobierno tiene derecho de impulsar reformas que debiliten instituciones que soportan al Estado, como el INE y que “la sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”.