Gambito Social
La infraestructura física educativa en Michoacán vive en eterna crisis. Suele haber paliativos, anuncios grandilocuentes y promesas de amplias inversiones. Pero, tarde o temprano aparecen vicios de origen, defectos y corrupción.
Conocer las instalaciones educativas pareciera ser el primer baldazo de agua fría que le propina la violencia institucional a las aspiraciones de movilidad social y de una vida próspera de los estudiantes y sus familias. Las escuelas se ubican en la punta del cerro, a cambio de que el gobierno construya carreteras de cuatro carriles para llegar hasta ellas, elevando la plusvalía de los lotes que se atraviesan para llegar hasta los planteles educativos.
Para las personas con discapacidad, la problemática se arrecia, siendo ya inmensa la deuda histórica en cuanto a infraestructura física educativa adaptada, para las generaciones en formación.
La política educativa nacional en materia de infraestructura física educativa se ha caracterizado por su inconsistencia, fugacidad, discriminación, corrupción y por no ser inclusiva.
Para las generaciones en formación en situación de discapacidad aún no ha habido una transformación en materia de infraestructura incluyente.
Los resultados del estudio de MEJOREDU denominado Discapacidad y derecho a la educación en México son consistentes con informes previos, que manifiestan las enormes dificultades en la accesibilidad de la escuela pública y el pírrico avance en la materia, ya que, en el mejor de los casos alcanza a la tercera parte de la población escolar alguna acción de inclusión.
El estudio llega en un momento neurálgico, toda vez que se está analizando el Paquete Económico 2023 en el Congreso Federal.
Es momento de presupuestar dignamente la construcción y adaptación de infraestructura física educativa para hacerla inclusiva.
Sería inaceptable que, en un gobierno que reformó la Constitución para brindar el carácter de inclusiva a la educación que imparte el Estado, no se presupuesten ni se ejecuten acciones para volver realidad la ley y el discurso.
Es justo ahora cuando los ciudadanos exijamos a nuestros diputados que se comprometan con la infraestructura adaptada y aseguren montos dignos de inversión para tales efectos. El PEF 2023 debe incluir recursos para ello.
Lograr que la niñez y la juventud tengan los mejores espacios posibles para ejercer sus derechos educativos debe ser una misión permanente en una entidad como Michoacán. Somos nosotros y las generaciones en formación, si no se salvan ellas, no nos salvamos tampoco nosotros.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A. C
