Ciudad de México
Continuará este viernes el debate para decidir si se mantiene o no la figura de prisión preventiva oficiosa en México, aunque cuatro de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya votaron en contra de desaparecerla y dos se sabe que están a favor, pues presentaron dos proyectos en ese sentido, por lo que se espera saber el posicionamiento de los otros cinco.
Durante la sesión que se llevó a cabo este lunes, el ministro Luis María Aguilar reiteró que su ponencia no busca eliminar la prisión preventiva, que en caso de aprobarse en los términos en que la presenta, seguiría existiendo, pero sólo aplicaría cuando hubiera elementos que la justifiquen y esto tendría que decidirlo un juez en cada caso de manera individual.
Esto quiere decir que sigue vigente la prisión preventiva justificada, que suele dictarse cuando el juez considera que hay indicios de que la persona acusada podría evadir la justicia o dañar de alguna manera a la víctima o a la sociedad. Lo que se eliminaría sería la prisión preventiva “en automático”, es decir, la oficiosa, que actualmente se dicta cuando se acusa a una persona de un delito considerado como grave en la Constitución.
La polémica que ha desatado esta ponencia se debe a que la SCJN no tiene atribuciones de modificar la Constitución, y los delitos graves están contemplados en artículo 19 de ésta. Este fue el arugumento que emplearon las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como los ministros Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán.
Del lado contrario, se argumenta que no se trata de una modificación sino de una reinterpretación, a partir de elementos que ya están en la Constitución y que resultan contradictorios, pues se establece que debe prevalecer el derecho a la presunción de inoncencia y que se deben respetar los tratados internacionales por encima de las leyes mexicanas.
Debido a que los juicios en nuestro país suelen ser extremadamente largos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recomendado que se elimine esta figura, con el argumento de que los acusados están pagando por adelantado y que existen detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.
Independientemente de lo que decidan los ministros de la SCJN este viernes, si determinan mantener la figura de prisión preventiva oficiosa, esta decisión se podría echar abajo a finales de este mismo año por la CIDH, pues está en curso un juicio por el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes luego de ser detenidos sin orden judicial y torturados, se mantuvieron 17 años en prisión preventiva, sin que se pudiera comprobar su culpabilidad.
¿Por qué AMLO no quiere que se elimine?
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido enfático en su negativa a que se erradique la prisión preventiva oficiosa y tanto él como alguos miembros de su gabinete han presentado argumentos como que se liberaría a 92 mil personas en cuanto se emitiera una sentencia.
Esta cifra parte de la cantidad total de personas que se encuentran actualmente en prisión preventiva, cuatro de cada 10 acusados de algún delito; no obstante, cada uno de ellos tendría que interponer un recurso legal para obtener su liberación y cada caso se estudiaría uno por uno.
A principios de su gobierno, López Obrador presentó una propuesta de reforma al Congreso de la Unión, que se aprobó meses después, para ampliar el catálogo de delitos considerados como graves. Entre otros, agregó el uso de programas sociales con fines electorales y enriquecimiento ilícito.
