Morelia, Michoacán
Michoacán y México enfrentarían una “catástrofe de impunidad” de declararse como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, aseveró el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.
Refirió que el próximo 5 de septiembre se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva un amparo y 2 acciones de inconstitucionalidad con el tema de la prisión preventiva oficiosa, y la propuesta a revisar será la eliminación de esta medida cautelar.
Ramírez Bedolla lamentó este proyecto, que “elevaría a toda asta la bandera de la impunidad” y ocasionaría una catástrofe, al no tenerse medidas que permitan garantizar la seguridad de víctimas y testigos de ilícitos graves, además de impedir el riesgo de que los imputados obstaculicen el proceso judicial una vez en libertad.
“El gobierno de Michoacán se opone a la desaparición tajante de la prisión preventiva oficiosa, sin establecer medidas suficientes para evitar afectaciones en la seguridad pública y la impartición de justicia”, reiteró.
Es el artículo 19 constitucional el que define la existencia de la prisión preventiva oficiosa ante la probable comisión de los delitos de abuso sexual en contra de menores, delincuencia organizada, feminicidio, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, robo a casa habitación, uso de programas públicos con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos cometidos con medios violentos y en materia de armas y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Alfredo Ramírez agregó que la prisión preventiva oficiosa además permite no dejar en libertad a personas imputadas por delitos graves, especialmente en tránsito de un sistema penal inquisitivo a acusatorio, donde las instancias, en específico, las fiscalías, aún no son lo bastante robustas.
El mandatario llamó a la SCJN a “escuchar a las víctimas”, ya que la distintiva que se plantea es “proteger a la víctima o al victimario”, a la par con “declarar inconstitucional la Constitución Mexicana”.
Si bien lo deseable es que la propuesta sea desechada, en caso de aceptarse es necesario que no se aplique de manera automática, que se dé un plazo razonable para la revisión de cada caso y se tengan criterios claros para la imposición de la medida cautelar.
“Estamos a favor de una justicia pronta y expedita, para que la prisión preventiva oficiosa sea una medida cautelar transitoria y no el limbo de la ineficiencia judicial”, afirmó Alfredo Ramírez.
Sólo en la entidad hay 3 mil 872 personas que enfrentan un proceso judicial en presión preventiva oficiosa, y su liberación automática, de proceder la declaración de inconstitucionalidad proyectada para su análisis en la SCJN, sería “una catástrofe de impunidad”, insistió Ramírez Bedolla.
