Morelia, Michoacán

Con una tendencia al alza y alcance nacional, las llamadas y mensajes de extorsión se han identificado como originadas en su mayor parte desde centros penitenciarios de distintas entidades.

No obstante, no se ha logrado una colaboración entre las autoridades subnacionales que permita no sólo localizar el sitio de origen de estas llamadas, sino también a los autores de las mismas para ejercer la acción penal, señaló el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís.

Refirió que en más de una ocasión se ha intentado esta colaboración, pero “hay muchos obstáculos que nos impiden llegar al punto de origen e identificar al probable responsable” y sin especificar estos obstáculos, López Solís expuso que se precisa de un acuerpamiento nacional para frenar un fenómeno que se presenta en todo el país:

Foto: ACG

“Nosotros trabajamos con alertas a la población, un control judicial para determinar los sitios donde se hacen las llamadas, pero hay que individualizar en la dinámica delictiva para hacer una imputación”, expresó.

No sólo es una cuestión de procesos: el avance de la tecnología y su accesibilidad a la población han facilitado la comisión de ilícitos y la autoridad no siempre alcanza a seguirle el paso a los criminales.

“Estamos supeditados a los avances tecnológicos que usan los presuntos delincuentes en una tendencia creciente del uso de la tecnología para facilitar la comisión de ilícitos, porque las posibilidades de las autoridades caminan a un ritmo distinto, porque tienen tienen ver con capacidades y adquisición de equipos muy caros, algunos de los cuales requieren licenciamientos especiales, por lo que debemos trabajar con mucha inventiva y creatividad”, explicó.

En busca de mejorar equipos de comunicación

Adrián López destacó que la FGE se encuentra en un proceso de adquisición de equipo de radiocomunicación, para solventar carencias en la materia.

Para ello, deberán analizarse las opciones con base en la disponibilidad de la infraestructura y las capacidades de los usuarios.

Asimismo, se espera la asignación de recursos a través del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), que de no obtenerse este año se solicitará nuevamente en 2023.

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