Morelia, Michoacán

Sin recomendaciones por posible violación de derechos humanos en operativos de alcoholímetro ni tampoco notificaciones o requerimientos de datos sobre el uso de grúas particulares o la recaudación de recursos, vía la aplicación de multas, se encuentra la Comisión Municipal de Seguridad.

Esto lo asegura el titular de la instancia, Alejandro González Cussi, quien refirió que al momento no tienen noticias de la supuesta interposición de seis quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la presunta violación de derechos humanos de ciudadanos en operativos del alcoholímetro.

“Es hasta cierto punto natural, que si el trabajo de la Policía de Morelia creció en hasta 600 por ciento, se tenga mayor roce con la población y por lo tanto, más quejas, lo que no significa que efectivamente se vulneran los derechos humanos de los inconformes”, dijo.

No obstante, González Cussi precisó que no se han captado recomendaciones de la CEDH en lo que va de la actual administración municipal y consideró que esto se debe a que una buena parte de las quejas interpuestas no cuentan con un sustento o con elementos que acrediten la conducta reclamada, por lo que la CEDH las archiva o desecha, además de que se han presentado denuncias de corte político, que frivolizan el tema.

Foto: ACG

Alejandro González manifestó que los operativos del alcoholímetro disponen de una aprobación media de 75 por ciento de la población, ya que contribuyen a disminuir en 27 por ciento la incidencia de accidentes relacionados con el alcohol y el volante.

Sobre la existencia de una denuncia y una investigación en curso por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) por la detección de presuntas irregularidades en la intervención de grúas privadas en acciones viales del municipio, así como la recaudación de recursos a través de multas de tránsito y vialidad, el comisionado municipal de Seguridad señaló que no han sido notificados aún de estos procedimientos.

No obstante, mencionó que sobre la operación de las grúas privadas, no se cuenta con licitaciones públicas y la asignación de contratos de prestación de servicios, ya que no se ha establecido la obligación de acudir a estas empresas de manera permanente y la autoridad sólo se auxilia con ellas cuando así lo necesita.

Foto: Archivo

González Cussi recordó que se encontraron en operaciones dos de las grúas adquiridas por el municipio entre 2015 y 2018, las que se usan para remolcar vehículos involucrados en incidentes viales y si éstas no son suficientes, se recurre a tres compañías que han acreditado la sujeción a las tarifas indicadas en la Ley de Ingresos Municipal, el traslado de las unidades remolcadas a los corralones oficiales y la disposición de seguro y placas.

Insistió en que se ha excluido de los llamados a las empresas que no se apegan a estos lineamientos y, cuando se han identificado faltas, se han aplicado sanciones, como el cobro en dos casos de mil 300 pesos a usuarios por maniobras que no se acreditaron, cobro que fue devuelto.

Precisó que es la Tesorería Municipal la instancia que recauda los pagos de las multas que, aseveró, carecen de un fin recaudatorio y en materia de tránsito y vialidad, regularmente no exceden de 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a cinco mil 773.20 pesos y son conmutables por horas de trabajo en favor de la comunidad, siempre que la persona sancionada no cuente con reincidencia.


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