Ciudad de México
No hay indicios de que alguno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos esté con vida, ya se identificaron los restos de tres y debido a las actuaciones y omisiones del gobierno de Guerrero y presidencias municipales, se puede concluir que fue un crimen de Estado, aseveró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal.
“¿Qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos. Como institución participó la Sedena, la Marina, la Policía Federal. No se detectó una participación institucional pero sí de elementos”, declaró.
El funcionario presentó un informe preliminar de la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, mediante el cual detalló todas las acciones emprendidas y cómo se llevó a cabo la reconstrucción de hechos de la fecha en que se registró la desaparición de los estudiantes.
“Las omisiones en que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de resposabilidad, ya sea por omisión o por negligencia”, sentenció Encinas.
Explicó que parte del trabajo realizado fue reconstruir las conversaciones telefónicas entre distintos actores relacionados con la desaparición y aseguró que se acereditaron vínculos entre miembros del crimen organizado y autoridades de distintos órdenes de gobierno durante todo el proceso, antes y después de la desaparición de los estudiantes.
Parte de las conclusiones preliminares, por lo tanto, es que las autoridades estuvieron enteradas en todo momento de la privación de la libertad de los estudiantes y de su respectiva desaparición.
Aseguró también que no hubo comunicación entre los estudiantes y los delincuentes y que nunca estuvieron todos en el basurero en donde se encontraron los restos de uno de ellos y se había asegurado que los habían incinerado.
El autobus se trasladó, ya sin pasaje, al estado de Morelos y pasó todos los retenes sin ningún problema, a pesar de que se instalaron cercos de seguridad en todas las salidas, agregó.
Precisó que se obtuvieron 115 testimonios, que fueron de carácter voluntario porque esta Comisión no constituye una autoridad judicial. Entre ellos, hay testigos y responsables exonerados y han sido ejecutadas 26 personas “claves para obtener información”, 14 integrantes de Guerreros Unidos y familiares de ellos, integrantes del grupo Gente Nueva, activistas, funcionarios y policías.
Estos datos, acotó, se entregarán a la Fiscalía General de la República (FGR) para que compruebe su veracidad y no podrán ser dados a conocer a la opinión pública porque forman parte de la investigación; aunque concluyó que el contenido de este informe y sus anexos serán públicos (y se pueden consultar aquí).
De acuerdo con Encinas, hubo 101 búsquedas en la sierra de Guerrero y se obtuvieron 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísiticos y numerosos restos óseos, de los cuales 32 fueron remitidos al laboratorio de identificación genética en Austria, que han podido conformar científicamente con 99.99 por ciento de probabilidad, la identidad de tres de los estudiantes.
Ante los cuestionamientos de los reporteros, aclaró que hay funcionarios de los tres órdenes de gobierno y del Ejército, sin rebelar su identidad, pero no Enrique Peña Nieto, quien era presidente en ese entonces.
