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La estrategia de seguridad para contener la violencia, no escapa a la aguda polarización que vive el país. Mientras unos urgen a reformar leyes que abran la puerta para adquirir y poseer armas de mayores calibres a los actualmente permitidos, otros apuestan por el desarme de la población civil.
Fue el PRI el que llevó a la mesa la polémica propuesta para que la gente pueda tener armas, con características suficientes para hacerle frente a la sanguinaria capacidad de fuego que tienen los criminales, esos a los que se endosa la mayor cantidad de los asesinatos que han teñido de rojo al país.
La iniciativa basa su justificación en los más de 124 mil homicidios registrados en tres años con seis años que van del gobierno de López Obrador, quien, desde su primer día de mandato, decidió no enfrentar a los grupos delictivos e incluso respetar sus derechos bajo el argumento de que los criminales “también son seres humanos”.
Esa decisión, a mi juicio, ha dado a las bandas delincuenciales un amplísimo y peligroso margen de maniobra para desplegar su ofensiva contra grupos con los que disputan el control de los territorios, pero también, trágicamente, para poner a la sociedad en la mirilla de sus poderosas metralletas.
Con la estrategia ‘abrazos, no balazos’, los sicarios no tienen ninguna presión que los intimide o haga titubear al momento de atacar objetivos enemigos o a la población civil. Incluso, pueden hacer huir a soldados y presumir su hazaña en virales imágenes para llevar, a una escala pública, la humillación de las fuerzas armadas.
El temor de las familias ante esa libertad operativa de los delincuentes, el PRI busca capitalizarlo electoralmente de cara a la batalla del 2024, al decir que abraza el enojo, la frustración y la desesperanza de quienes han sido víctimas o se ven a merced de los criminales.
Es claro que, aunque no pase su iniciativa –porque no va a pasar-, en su narrativa comunicacional el PRI endosará a la 4T la espiral de violencia que ha convertido a México en un enorme cementerio, peor que en la “guerra de Calderón” entre los años 2006 y 2012. En aquel sexenio, en los primeros 43 meses se contabilizaron 53 mil 319 muertes violentas. En el mismo periodo, pero del obradorato, ya van 124 mil 326, más del doble.
En sentido contrario a ese proyecto de reforma, el gobierno michoacano lanzó esta semana un plan que busca desarmar a la población civil, con la idea de que así se podrá reducir la incidencia de hechos violentos y, en consecuencia, de muertes.
La estrategia “Desarmando la Violencia” se basa en tres ejes: la instalación de módulos en puntos carreteros, una campaña para que civiles puedan entregar las armas a cambio de dinero en efectivo o artículos electrodomésticos y, tres, acciones operativas en terminales de autobuses, aeropuertos y empresas de paquetería por donde se trafican armas.
Considerando que Michoacán es hoy el segundo estado con más homicidios dolosos en el país y que las autoridades han reconocido la presencia de al menos una decena de bandas criminales peleando entre sí, en alguna de sus etapas la ofensiva gubernamental tendrá que dirigirse hacia los delincuentes disfrazados de grupos de autodefensa, que aún prevalecen en la entidad. No hacerlo, hará que el esfuerzo para evitar episodios de violencia sea parcial, por no decir casi simbólico. Y esa tarea no se antoja nada sencilla.
El último intento de desarme iba a realizarse en el año 2014, pero terminó en simulación. En realidad, lejos de desarmar a las autodefensas, el gobierno del priista de Peña Nieto “legalizó” la posesión de todo el arsenal que tenían los civiles, incluidos fusiles automáticos AK-47 y Barret calibre .50, éstas últimas consideradas armas bélicas con capacidad de derribar objetivos aéreos.
Peor aún, muchos de esos civiles después fueron convertidos en policías a los que el Estado les dotó de 5 mil armas más, de las cuales ahora no se tiene un inventario claro ni certeza de su destino.
Resultó más desastroso el remedio y, aunado a eso, los criminales –quienes no titubean en secuestrar, ejecutar, mutilar, decapitar y generar terror-, no han escuchado ni entendido la plegaria obradorista. Lo que deben disparar, en esa lógica, son metrallas de abrazos.
Cintillo
Con la exposición del secretario de Salud, Jorge Alcocer, sobre los daños que causa el horario de verano –incluida somnolencia, pérdida de apetito y hasta trastornos que conducen al suicidio-, los que hemos adelantado una hora el reloj desde 1996 podríamos ser clasificados auténticos sobrevivientes.
