Morelia, Michoacán
En México, 40 por ciento de los niños y adolescentes no cuentan con acceso a una pensión alimenticia. En Michoacán, 30% o cerca de 400 mil mujeres son madres solteras, madres solas, madres luchonas o, como se ha definido recientemente, madres autónomas y víctimas, con las infancias y las adolescencias, de violencias económicas.
Para cambiar este panorama, que se ha logrado mantener en el ámbito privado, y exponerlo a la luz pública, este 5 de julio se presenta al Gobierno del Estado la iniciativa de Ley Sabina, un conjunto de más de 40 reformas a las normas civiles y penales que busca asegurar el derecho de los menores de edad a la manutención, poner un cese a las violencias económicas y vicarias que enfrentan las madres autónomas y abatir el abandono de los hijos por parte de los padres.
“Porque lo personal es político, por eso debemos de sacar de la comodidad del silencio de las mujeres las violencias que ejercen los hombres, principalmente, que no pagan la pensión alimenticia que se les asigna, que pretenden ejercer control sobre las mujeres y sus hijos a través de los recursos que es su obligación entregar o que niegan la paternidad de sus hijos, todos asuntos que se han considerado privados, pero que tienen implicaciones y efectos en la esfera política”, aseveró la impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez Ruiz.

Previo al arranque del Primer Congreso Nacional por los Derechos de las Mujeres, Infancias y Adolescencias contra las Violencias Alimentarias, que tiene lugar este martes, en Morelia, Diana Luz Vázquez, acompañada por la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Tamara Sosa Alanís, señaló que el abandono de las infancias y las adolescencias, tanto en lo material como en lo afectivo, por parte de los hombres se ha visto como algo normal, al igual que la agresión en contra de las mujeres que conlleva permitir que ellas asuman la total responsabilidad de la manutención y la crianza de los hijos.
Es la adecuación del marco legal y la visibilización de estas situaciones el primer paso para combatirlas, por lo que en el estado se tiene proyectado impulsar la iniciativa conocida como Ley Sabina, que en realidad consta de más de 40 reformas a los códigos civil y penal, como el reconocimiento del abandono de una mujer embarazada; el esclarecimiento de los derechos familiares que pierde un deudor alimentario, como guarda y custodia; la creación de un registro estatal de deudores, con acceso al público; el impedimento para ser funcionario estatal o municipal si se es deudor alimentario; informar a una nueva cónyuge de la existencia de una deuda por pensión alimentaria, el número de hijos en abandono y el monto del impago, entre otros
En la entidad, además, se evalúan modificaciones a la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

No hay una fecha para llevar la iniciativa de Ley Sabina ante el Congreso del Estado, pero este martes se da a conocer al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con la expectativa de que la acompañe.
“Somos mujeres que hablan a mujeres, pero también tienen los hombres una obligación, que es entender que por el solo hecho de ser hombres cuentan con privilegios a costa de los derechos de las mujeres, y que es necesario que hablen a otros hombres”, expuso Diana Luz Vázquez.
Porque lo personal es político, el objetivo es “sacar el problema del contexto privado y exponerlo en el ámbito público, además de la iniciativa hemos hecho 11 tendederos del deudor alimentario en 11 estados y hemos logrado que al menos 50 por ciento de los hombres paguen las pensiones alimenticias, porque pesa más el escarnio social que un proceso legal”.

Afirmó que no se espera resistencia en la entidad para lograr la aprobación de las reformas, a pesar de la normalización de estas violencias, ya que, a diferencia del aborto, el cuidado de los hijos no es un tema que polariza, “¿cómo se puede votar en contra de los derechos de las mujeres y de las infancias?”.
El agujero negro del Poder Judicial
Alcanzar la aprobación de la Ley Sabina será un gran paso, pero apenas uno de los iniciales, porque el reto mayor se encontrará en la implementación de las reformas y de las medidas protectoras de los derechos de infancias, adolescencias y mujeres.
“Todas las que hemos atravesado por un proceso de pensión alimenticia sabemos que esto se cae por detalles, una copia, un documento, una fecha. También que es ahí donde se establecen los montos de las pensiones. Asimismo, donde se define la sanción, si la habrá, para un deudor alimentario”.

“Sin embargo, ahora es prioridad atender la ley, porque en ella es donde los jueces se excusan, los jueces que les da flojera resolver los casos de pensión alimenticia y las madres que deben vérselas con lagunas y costos, procesos desgastantes y largos”, reiteró.
Otro aspecto que se debe subsanar es la revictimización de las mujeres madres autónomas que demandan el pago de la pensión alimenticia o recurren a la exposición pública del deudor alimentario, ya que son contrademandadas por daño moral y similares.
“No existe la difamación como un delito, los jueces deben evitar dar entrada a estas contrademandas, que buscan complicar el proceso y revictimizar a las mujeres, y no existe porque está el interés superior del menor y el adeudo es legítimo”, explicó Vázquez Ruiz.

También los hombres…
Si bien la labor para impulsar la Ley Sabina se realiza desde los feminismos, Diana Luz Vázquez reconoció que las violencias económicas que implica no pagar la pensión alimenticia no son exclusivas de los hombres.
La pensión alimenticia es un derecho de menores de edad, dependientes económicos e incapaces que padres o tutores deben solventar, y que el cuidador, tutor, padre o madre que está a cargo debe hacer valer y reclamar.
En México, 3% de las mujeres que pagan pensión alimenticia son deudoras. Esta cifra muestra un contraste con 80% de los hombres que pagan pensión alimenticia y registran adeudo.
Además, la pensión alimenticia puede cobrarse también a los abuelos, si el padre que debe erogarla no lo hace, una vez que se agota el procedimiento judicial.
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