Morelia, Michoacán
Michoacanos desplazados y refugiados en albergues en Tijuana, Baja California, rechazan, en su mayoría, retornar a la entidad, señaló la titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), Brenda Fraga Gutiérrez.
Previo a la sesión del Consejo Estatal de Migración, celebrada en Morelia este miércoles 29 de junio, Fraga Gutiérrez mencionó que únicamente en Tijuana se han entrevistado a 624 personas de procedencia michoacana que se vieron obligadas a salir de sus casas, por la condiciones de inseguridad y de violencia.
Sin especificar una cifra o proporción, aseveró que “en su gran mayoría” esta población no prevé regresar al estado, principalmente debido a la persistencia de amenazas en contra de sí y de sus familiares.
Brenda Fraga no detalló si se ha reportado población víctima de desplazamiento forzado que hubiera regresado a Michoacán; sin embargo, señaló que al menos 12 familias en estas condiciones lograron obtener asilo humanitario en Estados Unidos.
La intervención ante el desplazamiento forzado es compleja, refirió, debido a que se trata de “un crimen que no existe”, al no contar con una ley en la materia; la no interposición de denuncias, por temor de las víctimas, y la dificultad para acreditar los hechos, que se acentúa en situaciones como el despojo de bienes muebles e inmuebles, donde el traspaso de propietario ha sido acreditado por un notario público.
Más aún: aunque las autoridades migratorias atienden en lo inmediato a los solicitantes de asilo humanitario en Estados Unidos, el no cumplimiento de los requisitos puede llevar a que la resolución de estas peticiones tome años o sea denegada.
Es justo la falta de una denuncia o de evidencias de un delito, el principal factor que conduce a la negativa de asilo en Estados Unidos.
La titular de la Semigrante mencionó que una de las estrategias que se pretende materializar es la creación y operación de una unidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) que recoja denuncias de personas que se encuentran fuera de la entidad.
