Morelia, Michoacán
Colectivos y agrupaciones defensoras de los derechos de periodistas condenaron el acoso judicial del que dijeron es objeto el comunicador Francisco Rivera Cruz y el periódico Gente del Balsas, por parte de la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, María Itzé Camacho Zapiain.
En un comunicado, integrantes del colectivo #NiUnoMás Michoacán, la Asociación Michoacana de Periodistas (Amipac), Comunicación e Información de la Mujer y Article 19 dieron a conocer que el 29 de enero de 2021, Gente del Balsas publicó una nota titulada “Instruye ASM ampliar denuncias contra gobierno de Itzé Camacho” firmada por Francisco Rivera Cruz, que contiene información sobre el proceso de fiscalización, por presuntas falencias en el manejo de los recursos públicos de la administración 2018-2021 de Camacho Zapiain.
Expusieron que en vez de aclarar dichos señalamientos o solicitar réplica, la respuesta de María Itzé Camacho Zapiain “fue buscar la censura de Rivera mediante el acoso judicial”, de manera que el 15 de abril de 2021, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas promovió una demanda “por daño moral y demás prestaciones” en contra de Francisco Rivera Cruz y el periódico Gente del Balsas.
Agregaron que en la denuncia, la alcaldesa señala que ésta la presentó a título personal, pero objetaron que mediante la fe de hechos se consta que utiliza los servicios profesionales de Francisco Alberto Rangel Salgado, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento Jurídico del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.
Reprobaron que a pesar de que el 16 de mayo de 2022, María Itzé Camacho no acudió a la audiencia de conciliación solicitada por su representante legal, promovió la reactivación del proceso civil, buscando ir a juicio, por lo que el Juzgado Segundo Civil con sede en Lázaro Cárdenas programó una nueva audiencia a celebrarse el próximo 29 de junio.
En el mismo comunicado, los colectivos urgieron al Congreso del Estado a que emita un dictamen en torno a la iniciativa que se trabajaron en conjunto con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y que propone, entre otras cosas, derogar el delito de “daño al honor” del Código Penal del estado, al considerarlo violatorio de la libertad de expresión de los medios.
