Historias del Tercer Mundo

Foto: Wendy Rufino

Un dibujito no es una política pública y una niña embarazada SIEMPRE es una víctima de violencia sexual, son dos frases que tendrían que repetir mil veces los hacedores de políticas públicas, particularmente del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Mexico ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Michoacán es el quinto estado a nivel nacional. Ya no es tiempo de andar con moralinas ni de dejarse llevar por ideologías, estamos ante un problema público que incide en las áreas de salud, seguridad, social y económica.

Poner cartelitos en redes sociales no constituye una política pública. Podría ser, en todo caso, una acción que se deriva de una política, que tendría que estar compuesta por toda una serie de acciones, metas, objetivos e indicadores para verificar su cumplimiento.

Existe una política pública con estas características, denominada Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), surgida en 2015. Comprende acciones que tienen que ver con educación sexual, distribución de anticonceptivos gratuitos, prevención de la deserción escolar, atención a la violencia sexual, erradicación del matrimonio infantil y concientización sobre las relaciones entre niñas y hombres adultos. No obstante, no menciona en ningún momento la interrupción legal del embarazo.

Cada año se registran alrededor de 340 mil partos de menores de 19 años ¿Cuántas de ellas estarán siendo forzadas a ser madres y cuántos de éstos serán hijos deseados? ¿Cuántos de estos casos derivarán en maltrato infantil?

Habría que empezar por lo básico, es decir, por lo que ya se tiene. Esto es, la NOM 046, que esá vigente en todo el territorio nacional y que entre otras cosas ordena que a las víctimas de violación que denuncien una agresión se les debe proporcionar una pastilla “del día siguiente” y en caso de que no hayan puesto una denuncia, estén embarazadas y quieran interrumpir la gestación, las instituciones de salud deben proceder sin exigirles pruebas.

Conapo menciona a la NOM 046 en sus redes sociales, pero la ENAPEA no contempla en ninguna de sus líneas de acción vigilar su cumplimiento.

Si se aplicara lo anterior, que ya está en la ley, inmediatamente se comenzarían a reducir los índices de embarazo infantil y adolescente, porque también si nos vamos a la legislación, en todos los casos en que una persona -mayor de edad o no- mantenga relaciones sexuales con una niña, se considera violación equiparada, haya habido violencia o no.

Por lo tanto, todas las niñas embarazadas son víctimas de violación y tienen derecho a decidir si desean ser madres o no, ya que en todos los estados del país está permitido interrumpir un embarazo que sea producto de una violación.

En el caso de adolescentes mayores de 12 y menores de 18 años que sostengan un encuentro sexual consentido, éste se considera estupro en el Código Penal de Michoacán y se sanciona con cárcel, aun cuando el que participe en el acto también sea menor de edad. Así que también se trata de una agresión sexual ante la ley ¿Por qué entonces responsabilizar a la víctima?

Argumentos estúpidos como que ella estaba alcoholizada o drogada no hacen más que agravar la situación, ya que tener sexo con una persona que no está consciente, menorde edad o no, también constituye una forma de violación.

El gobierno estatal acaba de firmar un convenio precisamente con la Conapo y se prepara para iniciar “políticas públicas” para erradicar el embarazo adolescente. Llama la atención que la misma subsecretaria de Derechos Humanos, Elvia Higuera Pérez, quien antes de ser funcionaria se caracterizara por su activismo en contra de la violencia de género y a favor de la despenalización del aborto, no haya emitido ningún pronunciamiento al respecto, aun cuando estuvo presente durante la firma del convenio, avalando así el intento de erradicar el problema con cartelitos, esperemos que por lo menos no dirigidos hacia las víctimas, en este caso.

La autora es doctorante en Desarrollo Regional, maestra en Políticas Públicas

y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UMSNH.

Ha publicado cuento y poesía y se ha desempeñado como periodista.


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