2022, uno de los años más letales contra la prensa

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Ciudad de México

En los cinco primeros meses de 2022 generó alerta en México el estrepitoso incremento de violencia letal contra periodistas, resultando en los asesinatos de 11 integrantes del gremio periodístico en el país.

ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Comunicación e Información de la mujer (CIMAC), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional, anunciaron hoy a través de un comunicado conjunto, que se mantienen alertas y documentan estos asesinatos entablando diálogos con las autoridades, familiares de las víctimas y el gremio periodístico.

Hasta la fecha, las organizaciones han identificado que, en al menos 8 de estos casos, el móvil puede estar vinculado con su ejercicio periodístico. De continuar esta tendencia, el 2022 podría convertirse en uno de los años más letales contra la prensa desde que se tiene registro. Las organizaciones recuerdan sus nombres y expresan su solidaridad con sus familiares y sus colegas de la prensa mexicana:

Ante esta ola de violencia, las organizaciones firmantes ven con preocupación algunas tendencias en las investigaciones y presuntos resultados reportados por los poderes ejecutivos a niveles estatal y federal.

Ausencia del Protocolo Homologado

Preocupa a las organizaciones la falta de cumplimiento del Protocolo Homologado para la Investigación de delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión toda vez que se desestima la labor periodística de las víctimas.

El Ejecutivo Federal no contabiliza como periodistas a Jorge Luis Camero y Roberto Toledo, en vista de que desempeñaban otras labores además del periodismo. Recordamos a las autoridades que la definición de periodismo enmarcada tanto por los estándares internacionales de libertad de expresión, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe considerarse como periodista sólo a quien ejerza el periodismo como única labor en algún medio de comunicación, sino por su labor y función social que es la de informar. Asimismo, el Protocolo Homologado, establece que es obligación de las fiscalías el considerar la labor periodística como una de las líneas principales dentro de las investigaciones.

Filtraciones y detenciones erróneas

ARTICLE 19, el CPJ, CIMAC, RSF y PEN han documentado la filtración de evidencias a redes sociales y medios de comunicación en los casos de Yesenia Mollinedo y Johana García, así como de Roberto Toledo.

Estigmatizaciones e información no verificada

Desde instancias tanto a nivel federal como estatal, las autoridades han afirmado, sin tener concluidas las líneas de investigación, que los crímenes cometidos en contra de las personas periodistas tienen que ver con el crimen organizado y no con la libertad de expresión. En las conferencias diarias del Ejecutivo Federal se presentan supuestos avances de detenciones en los casos los cuales únicamente vinculan a grupos de delincuencia organizada.

ARTICLE 19, el CPJ, CIMAC, RSF y PEN expresan su preocupación por esta postura del Estado mexicano ya que estas expresiones primeramente revictimizan a las víctimas al desvincular, de manera apresurada, de su labor periodística. Asimismo, las declaraciones buscan eximir de responsabilidades al Estado mexicano tanto en la prevención de la violencia y protección de la prensa, como en la labor de investigar e identificar a todas las personas responsables.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19, el CPJ, CIMAC, RSF y PEN exigen:

  1. Al Estado mexicano, asumir su responsabilidad y brindar justicia a todas las personas periodistas asesinadas. Asimismo, debe aceptar su rol en la prevención, la protección y reacción ante emergencias, incluida la atención integral a víctimas. Esto resalta la necesidad urgente de una política pública integral de protección.
  2. También al Estado mexicano, es indispensable para dar certeza a las investigaciones que exista una mayor comunicación y coordinación entre autoridades federales, estatales, y municipales.
  3. A las Fiscalías Generales de los Estados (FGE), implementar debidamente el Protocolo Homologado para la Investigación de delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión. Y, en ese sentido, al Ejecutivo Federal, permitir sin intervención el rumbo de las investigaciones, en vez desestimar, desde un inicio, que no hay vínculo con la labor periodística.
  4. Aunado a esto, en el caso de Yesenia Mollinedo y Sheila Yohana García, las organizaciones conminan a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a investigar con perspectiva de género, considerado como un elemento transversal en la actuación del personal de la Fiscalía así como en las investigaciones.
  5. Al Ejecutivo Federal, abstenerse de estigmatizar al gremio periodístico, evitar la desinformación en sus conferencias matutinas, y condenar enérgicamente todo tipo de violencia contra la prensa.

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