Morelia, Michoacán
Bajo la premisa de no mentir, no robar y no traicionar, los legisladores Juan Carlos Barragán, Julieta García y Eréndira Isauro, presentaron penal y administrativas en contra de quien resulte responsable por diversas irregularidades en la adquisición de un software para el Congreso del Estado.
Las querellas fueron presentadas, una en la Fiscalía del Estado, por los delitos de coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades, y dos más en la Auditoria Superior de Michoacán y en la Contraloría Interna del Congreso del Estado, por faltas administrativas graves de servidores públicos por cohecho, peculado, abuso de funciones y tráfico de influencias.
De acuerdo con Juan Carlos Barragán, la adquisición del software por la cantidad de 5 millones 460 mil 387 pesos se utilizaría para implementar la contabilidad gubernamental, se realizó en el último trimestre del 2021, correspondiente a la presente legislatura, sin embargo, este mismo sistema se adquirió en 2017 y tiene vigencia hasta el año 2022.
“No había razón para comprar este programa, el Congreso tenía uno que funcionaba bien y estaba actualizado a un costo inicial de 30 mil pesos en 2017 y anualmente 12 mil 600 pesos, de acuerdo con información proveedor”, señaló el legislador.
Sin embargo, Beatriz Ariadna Clímaco Ortega, directora general de Finanzas del Congreso, a través de su oficio en el que dio respuesta al requerimiento de información y documentación que le fue solicitado, aseguraba era que necesario adquirirlo para implementar una adecuada contabilidad gubernamental.
Por ello, el diputado y las diputadas consideraron que se compró a sobreprecio, sin la licitación correspondiente y en secrecía, debido a que el Comité de Administración y Control del Congreso no fue informado de la compra.
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