Morelia, Michoacán
El 45 por ciento los casos de agresión y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos es ejecutado por autoridades gubernamentales o representantes de las mismas, vinculadas en su mayoría con grupos delictivos, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Lo anterior durante la firma del Convenio para la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Michoacán que firmaron autoridades federales y estatales, con lo que nuestra entidad se convirtió en la octaba en sumarse a dicho mecanismo.
El funcionario federal reconoció que el gobierno federal debería replantear su estrategia:
“Niveles de violencia nos obligan a replantear las acciones fortalecer las medidas de carácter preventivo. En Michoacán, la mayor parte de los casos, en un 45 por ciento, están implicadas las autoridades, especialmente policías, con grupos delictivos”, señaló.
Encinas Rodríguez se pronunció además porque el Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, se sume al seguimiento de los casos denunciados:
“Hacemos una llamado para que desde el Poder Judicial se logre la prevención de la impunidad, dado que el 93 por ciento de las denuncias no procede en el ámbito judicial, por lo que ocupamos de su respaldo”, declaró.
Por su parte, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, exhortó a los periodistas y defensores de derechos humanos a tener confianza en su administración:
“En Michoacán tenemos la dificultad de amenazas contra la libertad de expresión, al igual que otros casos que son complejos. El tema no es firmar el convenio, sino cómo implementarlo, brindar una red de protección y sí les pido a los periodistas y los defensores de los derechos humanos que tengan confianza, tenemos las mejor voluntad por hacer frente esta problemática”, finalizó.
En representación del sector periodístico, el integrante de la Asociación Michoacana de Periodistas Andrés Resillas demandó la conformación de un mecanismo estatal de protección y que se dé seguimiento a la atención en los casos de los asesinatos de periodistas en Michoacán:
“Si no vamos a ir juntos en donde los periodistas sean escuchados, no va servir para nada la implementación de estos mecanismos y otras acciones de protección. Por igual les solicito que se dé seguimiento a los casos de los compañeros periodistas asesinados”.
Cabe destacar que representantes de la organización “Ni uno más”, que agrupa al mayor número de periodistas en Michoacán, no estuvieron presentes en la firma de convenio debido a que la autoridad estatal no a acordado dar continuidad a las mesas de diálogo para dar seguimiento a la propuesta del mecanismo de protección a periodistas estatal.
Los representantes de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos demandaron una mayor interlocución con el Gobierno del Estado y capacitación de los funcionarios:
“Los servidores públicos deben profesionalizarse en temas de derechos humanos para hacer frente a esta problemática en Michoacán”, señaló el activista Gerardo Herrera.
La representante de la Organización “Humanas Sin Violencia”, Circe López Ríofrío, demandó que las acciones de protesta no sean calladas con la fuerza pública, aludiendo a lo ocurrido el pasado 8 marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando algunas participantes fueron agredidas.
“Exigimos que nunca más se utilice la fuerza pública para acallar y disuadir las protestas legítimas de los ciudadanos”, finalizó.
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