Foto: ACG.

Morelia, Michoacán

El sistema de defensorías públicas de derechos humanos en el país, precisa de una reforma de gran calado para la adquisición de más herramientas y el fortalecimiento de su autonomía, aseveró el vicepresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, zona Oeste, Alfonso Hernández Barrón.

Esto, para “llevar a su mejor versión  posible el sistema”, que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, adquirió más facultades y competencias, señaló tras la inauguración del Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Cultura de la Paz, en Morelia.

Hernández Barrón reiteró que la meta es que las defensorías públicas de derechos humanos se establezcan como límites e, incluso, como contrapesos al poder.

Foto: Alfonso Hernández. Twitter.

Al momento, se han tenido avances en el combate y la prevención de las violaciones a los derechos humanos de la población, pero “no hemos visto los resultados que quisiéramos”.

Entre los avances logrados, Hernández Barrón mencionó la visibilización de los distintos tipos de violencia y las herramientas de exigibilidad de recomendaciones que, si bien no son vinculantes, sí pueden llevarse a otras instancias y niveles de gestión para hacerlas valer.

Por su parte, los retos abarcan la existencia de las demandas de las nuevas ciudadanías que requieren de mejores prácticas, ampliar el rango de intervención, actualización y participación de los distintos actores políticos y sociales.

El también presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, señaló que algunas de las agendas consideradas prioritarias en el país son de mujeres, donde se han hecho notar las múltiples formas de agresión en razón de genero; personas desaparecidas, que denominó como “la mayor tragedia del país, con casi 100 mil registros a nivel nacional”, y pueblos originarios, con los que la sociedad y el gobierno mantiene una deuda histórica al permitir que continúe la discriminación.

Esto, sin dejar de lado a la diversidad sexual, las personas con alguna discapacidad y las demandas de tipo social por la violación de derechos económicos, culturales o ambientales.

Deja un comentario