Morelia, Michoacán
Arantepacua no aceptará la disculpa pública ofrecida por el Gobierno del Estado por los hechos de violencia registrados en la comunidad indígena en 2017, hasta que se realicen las acciones establecidas en la recomendación 42 VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Comuneros de Arantepacua, sobrevivientes y familiares de víctimas y el colectivo de abogados Liquidámbar afirmaron que la disculpa pública no se encuentra entre las prioridades para la comunidad, que a cinco años de los incidentes que dejaron cuatro muertos y decenas de heridos, no ha tenido justicia.
Es el castigo para los presuntos responsables, entre ellos, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; el exsubsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo; el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, y el exsecretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona, la demanda más sensible.
Asimismo, piden la reparación integral del daño, colectiva e individualmente, a las víctimas y sus familias y agregaron que hasta no alcanzar este objetivo se presentarán, siempre que sea posible, en los actos públicos donde participe López Solís.
“No descansaremos hasta verlos tras las rejas, no descansaremos hasta que haya justicia, no habra perdón ni olvido”, aseguraron.
Respecto del ofrecimiento de implementar obra pública con el nombre de víctimas, señalaron que es parte de los trabajos de negociación con el estado, pero que la prioridad es la sanción a los responsables y la atención integral a los afectados, donde se tiene el menor avance.
Otros reclamos son la destitucion de Lopez Solís de la FGE, que se excuse de la investigación en el caso de Arantepacua por conflicto de interés y la atracción del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la recomendación de la CNDH, el 5 de abril de 2017, los enfrentamientos registrados entre comuneros y elementos policiacos dejaron un saldo de cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y mil afectados.
Este martes, comuneros de Arantepacua y docentes adscritos a Poder de Base, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentraron en Casa Michoacán para partir hacia la FGE, donde se manifestaron ante la falta de resultados de la investigación.
En las instalaciones de la FGE, en el área de Contraloría, los manifestantes, pero sobre todo normalistas y docentes, realizaron diversos destrozos en puertas, vidrios y equipo de cómputo y oficina.
Posteriormente, marcharon hacia la salida a Guadalajara y al Centro Histórico, donde se plantaron frente al Palacio de Gobierno, donde les aguardaba un operativo de vallas para restringir el acceso al inmueble.
Los inconformes lanzaron piedras hacia las ventanas del Palacio de Gobierno, intentaron prender fuego a la puerta y retiraron las vallas para realizar pintas, desde el interior del inmueble se lanzaban mientras tanto chorros de agua y cohetones.
‘Enjuician’ a Silvano Aureoles
Los comuneros, maestros y normalistas realizaron un juicio simbólico a Aureoles Conejo, López Solís y Hurtado Arévalo y los condenaron -al menos a las marionetas que los representaban- a fuego, al considerarlos culpables de los hechos violentos vividos ese abril de 2017.
No se reportaron agresiones entre elementos de seguridad y manifestantes en la zona centro de Morelia, aunque desde el interior del Palacio de Gobierno se lanzaron cohetes y chorros de agua, en respuesta a los intentos por derribar la puerta y lanzar piedras y palos desde el exterior; mientras que en otra zona de la ciudad hubo quema de motocicletas de policías, a quienes los manifestantes persiguieron hasta despojar de sus vehículos.
Tras el paso de una comisión al Palacio de Gobierno, los manifestantes hicieron un evento político cultural, durante el cual siguió el bloqueo de la avenida Madero Poniente.
