Morelia, Michoacán
Comuneros de Arantepacua y docentes adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Poder de Base, se manifestaron este martes en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 5 años de los enfrentamientos registrados en la comunidad indígena, que dejaron más de mil víctimas.
Al momento, se reporta la realización de daños materiales a las instalaciones de la FGE, que orillaron a que el personal que se encontraba en el sitio fuera retirado por un acceso alterno y resguardado.
Asimismo, se tuvieron conatos de violencia en la ruta que iniciara en Casa Michoacán, antes Casa de Gobierno, hacia transeúntes, trabajadores de establecimientos y reporteros que cubren la movilización.
La pretensión es que al término de la manifestación en la FGE se encaminarán hacia el Palacio de Gobierno, en el primer cuadro de Morelia.
La zona aledaña al inmueble se encuentra cerrada con vallas desde las primeras horas de este martes, ya que el destino inicial de la marcha era el Palacio de Gobierno.
Destitución del titular de la FGE, exige Arantepakua
De acuerdo con el colectivo Liquidámbar, las demandas de los manifestantes, comuneros de Atantepakua y docentes, se sintetizan en la exigencia de la destitución del titular de la FGE, Adrián López Solís.
Además, la exclusión del funcionario del proceso de investigación, por conflicto de interés; seguimiento en la aplicación de sanciones a quienes resulten responsables; transferencia del caso a la Fiscalía General de la República (FGR), y reparación efectiva del daño a las víctimas.
El colectivo lamentó que desde 2017 no se han tenido avances en la identificación y sanción de presuntos responsables de los hechos que, conforme la recomendación 42 VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dejaron 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de malos tratos, 48 detenciones extrajudiciales y más de mil víctimas.
“Queremos que el fiscal estatal se excuse y saque las manos del caso, para que se tengan avances”, afirmó.
Reconoció los avances que implica la determinación del estado de ofrecer una disculpa pública a la comunidad indígena, además de las acciones propuestas para la reparación del daño, pero insistió en que sigue enfrascada la situación de castigo a los culpables, ya que ni siquiera se sabe con precisión cuántas personas participaron en los hechos.
