Gambito Social

El acoso y abuso sexual en el sistema educativo michoacano han sido históricamente materia de escándalo, denuncias, violencia y hasta cierre de planteles. La realidad es que muy poco se ha avanzado por resguardar plenamente a los integrantes de las comunidades escolares y sus familias.
Este comportamiento delictivo suele provenir principalmente de dos fuentes: de funcionarios y directivos hacia personal subordinado, abusando de su posición de poder y de directivos, profesores o personal de asistencia y apoyo a la educación respecto a las niñas, niños y jóvenes a quienes deberían liderar o acompañar en sus respectivos aprendizajes.
Si bien, existe un marco normativo extenso, armado de leyes, reglamentos, consejos, protocolos, además del código penal y el de ética, la constitución y hasta la declaración universal de los derechos humanos, históricamente, lo que más ha hecho falta es voluntad de los tomadores de decisiones, de la alta dirección de las respectivas instituciones, comenzando por la SEE y sus organismos sectorizados. La casuística y la impunidad han campeado, siendo que las mayores sanciones para los acusados suelen consistir en ser puestos a disposición y permanecer sin trabajar durante años o ser reubicados apenas a unos kilómetros de distancia, donde los victimarios suelen repetir las mismas prácticas.
En Mexicanos Primero Michoacán hemos conocido de estos sucesos, por víctimas que nos han informado ante la impotencia y desesperación por la inacción gubernamental, por el silencio de las instituciones obligadas a defender el estado de derecho en el sistema educativo y de quienes deberían procurar paz y justicia, así como de quienes deberían defender los derechos humanos de niñas, niños, jóvenes, maestras y maestros, así como sus familias. Canalizar y elevar denuncias públicas es lo que hemos realizado principalmente.
Ante ese escenario tan funesto, llama la atención y brinda esperanza que, después de años de inacción, la Secretaría de Educación en el Estado se posicionó recientemente, emitiendo la circular 13/2022, respecto a instruir a todo el personal respecto a combatir la impunidad, a garantizar un espacio seguro y a actuar inmediatamente ante cualquier acto de violencia sexual, física, psicológica o de cualquier otra índole, entre otras disposiciones.
Una de las instrucciones que más destacan es “la suspensión en el servicio a quien esté sujeto a proceso por delitos contra menores bajo su resguardo”. Ante ello, bien vale la pena hacer un pase de lista y verificar que todo el personal del sector educativo -ya sea de estructura, de base, directivo, de supervisión o eventual- cumpla debidamente con lo estipulado en la circular mencionada. Es decir, la SEE tiene posibilidades de garantizar que todos sus colaboradores tengan un expediente limpio al respecto. Esperemos esa acción inmediata suceda y no se tolere a los abusadores.
En contrapunto, resulta trascendente la reparación del daño, tanto para quienes han sido abusados como para quienes han intervenido en defensa de las víctimas, ya que hay comunidades donde está normalizada la impunidad. Por supuesto, ello incluye a quienes han denunciado a abusadores insertos en el magisterio, ya que ha habido casos infamantes en los cuales a quienes valientemente han señalado casos de abuso sexual se les ha perseguido, suspendido su pago y violentado sus derechos laborales.
En la medida en que la revisión del padrón de trabajadores de la educación se verifique y también se reivindique a quienes han denunciado abusos, podrá ponderarse la implementación y debida obediencia ante la Circular 13/2022, así como el marco normativo que la funda y motiva, para que las escuelas sean espacios seguros para todos, aspirando a que verdaderamente conformen un modelo de la sociedad futura hacia la cual deseamos evolucionar. ¡Que así sea!
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
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