Morelia, Michoacán
Las y los integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) desecharon la recomendación no vinculante solicitada por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para incluir información patrimonial de las y los servidores públicos estatales en la Plataforma Digital del organismo.
La propuesta se ubicó en los Asuntos Generales de la Orden del Día y por unanimidad se decidió que no se acataría la recomendación, pues vulnera el derecho de las y los servidores públicos a reservar su información patrimonial.
Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, Jesús Sierra Arias, destacó que en caso de aceptar la recomendación, se tendrían que subir datos a la plataforma nacional para que cualquier persona tenga acceso a ella, lo cual violentaría el artículo 70, Fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.
“En dicha ley se establece que la información de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos existe la voluntad de si desea o no hacer pública su información y muchos compañeros no tienen disposición de que sea pública, por ende, no se puede acceder a esta recomendación en virtud de que existe disposición de proteger la voluntad de las personas”, explicó.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Azucena Marín Correa, destacó que independientemente de si se hace pública o no, es obligación de los funcionarios públicos presentar su declaración patrimonial, pero no vincularla con una plataforma de acceso libre, toda vez que la información se estaría exponiendo sin candados.
En tanto, la comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) Areli Yamilet Navarrete Naranjo refirió que cualquier posibilidad de vulneración no puede ser permitida por el SEA, por ello se apoya la postura manifiesta de proteger los datos personales.
La postura fue avalada por Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador el Sistema Estatal Anticorrupción; Alejandro Carrillo Ochoa, fiscal especializado en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; Ana María Vargas Vélez, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y Jorge Pérez Zavala, magistrado presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado.
