Morelia, Michoacán
Para dar seguimiento a la situación de riesgo que enfrentan los medios de comunicación en Zitácuaro, tras el asesinato de dos periodistas en ese municipio y la inseguridad que se percibe en general entre los comunicadores michoacanos, se sostuvo una reunión entre integrantes del colectivo Ni Uno Más y personal de la Fiscalía General del Estado, encabezado por su titular, Adrián López Solís.
Durante la reunión, la comitiva compuesta por 20 trabajadores de medios de comunicación de Morelia, Uruapan y Zitácuaro presentó una serie de planteamientos y exigencias relacionados con casos particulares, con la situación en general, las agresiones de elementos de seguridad y amenazas recibidas en internet.
¿Conflicto de interés?
De manera particular, exigieron que no se revictimice a Armando Linares, director de Monitor Michoacán que fue asesinado hace unos días en Zitácuaro y que López Solís no sea partícipe de la investigación, ya que consideraron que existe un conflicto de interés:
“Debido a que en su momento Armando Toledo refirió haber sido sujeto de amenazas por miembros del grupo político al que usted perteneció por años, le demandamos señor fiscal que se abstenga”.
López Solís, por su parte, negó que exista un conflicto de interés y aseguró que hace una distinción entre los temas político partidistas y los públicos y aseguró que la investigación está en curso, pero que va a llevar tiempo, pues no se cuenta con una plantilla de personal de gran tamaño.
Además, reconoció que existen prácticas propias del crimen organizadoen Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, en donde existe territorio en disputa, y hasta se han extendido a Morelia y Uruapan y se comprometió a atender de inmediato la situación que prevalece en Zitácuaro.
Revictimización, invizibilización y la labor periodística como línea de investigación
Los intengrantes de Ni Uno Más recordaron que hubo señalamientos por parte del mismo Linares acerca de funcionarios de seguridad que lo amenazaron de muerte, por lo que pidieron no descartar su labor periodística dentro de las líneas de investigación, al igual que en el caso de Roberto Toledo, asesinado el 31 de enero pasado.
Los periodistas también señalaron que advierten un intento de invisibilizar el homicidio de Roberto Toledo desde la Federación, pues no se le contabiliza en la lista de periodistas asesinados este año ni se toma en cuenta su labor periodística como una línea de investigación. De esta revictimización hicieron partícipe a la FGE.
Puntualizaron que en la entidad se han registrado 10 homicidios más de periodistas, así como siete desapariciones que no se han resuelto, por lo que pidieron que se descongelen las carpetas de investigación y se informe el estado que guardan sus casos, lo cual se comprometió el fiscal a dar a conocer dentro de dos semanas más, aunque López Solís puntualizó que se trata de 21 casos en total.
Reporteros, locutores y directivos de medios también solicitaron que se los mecanismos de protección a periodistas funcionen de manera eficaz, ya que el desplazamiento forzado debido a amenazas es otro fenómeno que afecta a los trabajadores de los medios. El fiscal apuntó que se trata de un tema federal.
Reclamaron que han existido agresiones a periodistas por parte de las mismas fiscalías, por lo que pidieron una mayor capacitación para los elementos de seguridad y que se les sancione en caso de obstaculizar la labor periodística, agredir a los reporteros o dañar su equipo de trabajo ya que, aseguraron, se les ha impedido tomar gráficas de escenas del crimen.
Sobre este tema, López Solís sugirió que los mismos comunicadores formen parte de la capacitación y a su vez pudieran también capacitarse en materia de coberturas de escenas del crimen.
“No somos el FBI”
Otro tema que se trató es de las amenazas que algunos comunicadores dijeron haber recibido desde cuentas falsas de Facebook, a lo que Adrián López respondió que solamente el FBI cuenta con suficiente tecnología para identificar rápidamente la procedencia de este tipo de mensajes, ya que se debe rastrear el IP, pero que en todo caso para que la Policía Cibernética pueda actuar al respecto, se requiere que exista una denuncia.
