Morelia, Michoacán
Dicen que la tercera es la vencida, pero la iniciativa de Ley de desplazamiento forzado interno y justicia transicional que este viernes será presentada ante el Congreso del Estado será el décimo intento de dar a las decenas de miles de michoacanos desplazados o expulsados de sus hogares, en la región de Tierra Caliente, acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos, “no limosnas”.
El sacerdote Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como Padre Goyo, dio a conocer la iniciativa ciudadana de ley para que el estado cuente con las herramientas, se establezcan sus competencias, y sobre todo, se definan sus compromisos con la población desplazada o expulsada por causa de la violencia y la inseguridad, principalmente.
Previo a la sesión ordinaria del Congreso del Estado, el activista y defensor de los derechos humanos de víctimas de la violencia, migrantes, desplazados y expulsados, refirió que el proyecto de ley prevé la creación de los mecanismos para buscar asegurar que se visibilice la problemática del éxodo de la población en municipios con alta presencia y actividad delincuencial, así como que ésta tenga los medios para obtener reparación del daño y atención desde el Gobierno del Estado.
“Es la iniciativa de ley de desplazamiento forzado interno, pero además se considera la justicia transicional, que comprende acciones emergentes, como el cese inmediato al fuego, restablecer el estado de derecho, constatar la atención integral de las víctimas, garantizar la protección familiar y el compromiso de no repetición de los hechos delictivos, así como la restitución de los bienes perdidos, lo que conlleva a la localización de quiénes detentan su propiedad”.
Lamentó que se han presentado 9 iniciativas previas, las que “terminaron en el cesto de la basura”, lo que atribuyó a que el tema “es una papa caliente, y lo entiendo, hay omisión porque es un fenómeno del que no se tenían antecedentes, del que no se conocía mucho, y porque tener una ley significa que hay compromisos qué cumplir”.
No obstante, insistió en que se precisa del ejercicio de la ley, “no de limosnas”, para dar atención a la población afectada por la violencia y la inseguridad, “necesitamos que las autoridades tomen en serio la situación, hay migrantes desplazados y expulsados en al menos 14 puntos de la frontera norte de México, si no pueden con eso, que se vayan”.
Además, “ocupamos una limpia en las autoridades municipales”, muchas de las cuales estarían coludidas o involucradas con las células delincuenciales cuyas actividades desencadenan el éxodo de la población civil.
“En estos momentos la única empresa exitosa en Tierra Caliente es el sicariato, hasta hay clubes para adolescentes, y hay presidentes municipales que creen que deben negociar con ellos, con la maña, si quieren gobernar, pero nosotros creemos que negociar con este o aquel grupo, es negociar con el Diablo, y no se puede, nunca”, señaló López Gerónimo.
Visibilizar a los que han sido invisibles, frente a todos
La abogada Verónica Fernández, quien participó en la construcción de la iniciativa de ley de desplazamiento forzado interno, mencionó que se espera la garantía para la atención de los derechos humanos y las necesidades urgentes de la población civil expulsada o desplazada, sobre todo por la violencia, pero también por xenofobia, racismo, discriminación y otros.
Ello conlleva ayudar a la recuperación de documentos, ya que en algunos casos las familias deben partir con lo que llevan en sus manos; la resolución de asuntos civiles, como los casos de menores huérfanos o cuyos padres desaparecieron; el seguimiento de denuncias interpuestas por víctimas de violencia e inseguridad, entre otros.
“Es un fenómeno que está a la vista, que afecta a comunidades enteras, pero que el gobierno no ve, y se agrava porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no recibe las denuncias y, si lo hace, no da seguimiento”.
La iniciativa consta de 5 capítulos y 42 artículos, y considera la posibilidad de la instalación de un consejo que atienda el problema y genere estadísticas y cifras confiables, agregó la diputada local Fanny Arreola.
“Si por alguna cuestión no nos aprueban esta iniciativa, seguiremos empujando y tocando puertas”, reiteró Verónica Fernández.
