Foto: ACG

Morelia, Michoacán

De septiembre de 2021 a febrero de 2022, la Policía de Morelia ha registrado 12 bajas de elementos por uso excesivo de la fuerza pública y actos de corrupción, dio a conocer el comisionado municipal de Seguridad, Alejandro González Cussi.

Tras señalar que la administración municipal se encuentra en “las mejores condiciones” de aceptar las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la ejecución extrajudicial de Julio Salcedo Chagolla “Julín”, por parte de agentes locales en agosto de 2020, González Cussi refirió que se ha retirado de la Policía de Morelia a 12 personas por este tipo de conductas.

Solicitar o recibir “mordidas” por parte de personas que presuntamente cometieron violaciones de tránsito, rentar las motocicletas utilizadas por los agentes municipales y hasta cobrar cuotas al interior de la corporación son algunos de los hechos de corrupción que llevaron, a la par con el uso excesivo de la fuerza pública, al despido de los policías señalados.

Si bien el uso de la fuerza pública “siempre será un tema controvertido”, es una facultad exclusiva de la autoridad, por lo que los policías municipales deben apegarse de manera estricta a los protocolos y disposiciones en la materia, así como hacer un empleo racional y acorde con las circunstancias que enfrentan, indicó el funcionario y aseguró que la Policía de Morelia debe ser respetuosa de los derechos humanos de la gente o no tendrá la confianza de la población, lo que le imposibilitará ser eficaz y eficiente en sus funciones.

En lo referente al caso de Salcedo Chagolla, Alejandro González aseveró:

“Desde el inicio de este trienio dimos la cara con reuniones con la CEDH y acercamientos con la familia y el personal involucrado, aún sin conocer completos los expedientes penal y en derechos humanos”.

Reiteró que la corporación está en la “mejor disposición” de atender las medidas necesarias para evitar estos incidentes y así contribuir a “cerrar esta herida tan grande”.

Imagen de referencia

Julio Salcedo murió durante una intervención policial en respuesta a una petición de auxilio en la colonia Jardines del Toreo por un supuesto robo a casa habitación en agosto de 2020.

El joven padecía una discapacidad psicosocial y de acuerdo con sus familiares, equivocó el inmueble donde residía, lo que alarmó al propietario del mismo; no obstante, al arribar al sitio, elementos municipales asumieron que pretendía atracar el domicilio y le dispararon con armas de fuego.

La CEDH recomendó la reparación del daño a las víctimas indirectas y la portación de equipo de videograbación por parte de los elementos municipales para verificar que su proceder se apegue al respeto a los derechos humanos, entre otros.

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