Fuera vicios y corrupción, fin de la reforma al Poder Judicial: Barragán

Morelia, Michoacán

El influyentismo, el nepotismo y la corrupción han estado presentes de manera casi inherente al ejercicio del poder, aceptando que son prácticas recurrentes y tolerables, evidenció el diputado Juan Carlos Barragán Vélez.

Indicó que a partir de esta realidad surgió la necesidad de promover una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual trabajó en coordinación con las diputadas Julieta García y Eréndira Isauro, y sumó las inquietudes de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán.

“Las y los jueces y servidoras y servidores públicos no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que debe prevalecer en el desempeño de sus cargos, muchas veces sucumben ante intereses mezquinos”, expuso el legislador.

Puntos que sustentan la intención de la iniciativa:

*La unificación de criterios y armonización de los ordenamientos normativos existentes relacionados con la carrera judicial y los derechos laborales de servidores públicos y trabajadores del Poder Judicial de Michoacán.

*Consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición, respetando la publicidad y transparencia de los procesos de selección y en la que sea posible ascender, con estricto apego a los derechos de antigüedad en el empleo, escalafón, sindicación, paridad de género.

*Aplicar criterio de perspectiva de género, propiciando designaciones en apego a los méritos profesionales y en igualdad de condiciones para todas las personas. 

El legislador planteó que estos objetivos pretenden generar equilibrios al interior del Poder Judicial del Estado, pues señala que en la mayoría de los casos, los funcionarios de mayor jerarquía son los que realizan las designaciones del personal con funciones jurisdiccionales, pero lo hacen atendiendo a intereses personales y simulando supuestos procesos de selección.

No se respeta, dijo, el desempeño académico y la experiencia profesional de los aspirantes, lo que genera desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escuchados y que sus reclamos sean atendidos.