Foto: ACG

Percepción en Tribuna

El caso en particular dado a conocer que, una vez que arrancó días atrás el período de sesiones en el Congreso del Estado, se presenta para su análisis la propuesta de analizar el permitir o no el aborto, pero llama la atención que en pleno Siglo XXI, un número importante de diputados votaron que no ha lugar a ello, atentando a la autodeterminación de la mujer a definir cuando quiere ser madre o no, en verdad esa actitud deja al descubierto una actividad legislativa de la época medieval y retrógrada.

Vale la pena que la actual legislatura haga historia, la sociedad michoacana está a la altura de esos debates y legislaciones. Por otro lado, la actual administración federal y estatal de la 4T, han iniciado una cruzada contra la corrupción, empoderando los mecanismos y las instituciones que dan seguimiento al combate a dicho malestar social.

Por ello, a nivel nacional se ha perseguido y sancionado a todos los que, aprovechando su ventaja en recursos económicos o políticos, lograron privilegios. En el estado de Michoacán, al menos 37 exfuncionarios pudieran ser investigados por posibles actos de corrupción e irregularidades, el daño patrimonial puede alcanzar a llegar en dinero a los cinco mil millones de pesos.

Dado lo anterior, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, instruyó al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y a la misma secretaria de la Contraloría en Michoacán, como responsables de dar seguimiento y lograr la sanción, de existir todos los elementos de un delito.

Las áreas saqueadas por el gobierno Silvanista al parecer son: Seguridad Pública, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Salud y la Sedeco, por mencionar. Contratos, empresas fantasmas, faltantes, son al menos los hallazgos encontrados.

Cohecho, peculado, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, etc., son figuras jurídicas que pueden tipificarse o encuadrar para su sanción respectiva.

Pero ante el escenario de dicho combate a la corrupción, falta abrazar la causa del Sistema Estatal Anticorrupción, que en los últimos años pareciera una agencia de colocaciones donde exasesores de funcionarios o de exdiputados buscan alojo y chamba.

Ante ello, encontramos una serie de juicios de amparo promovidos para reponer el proceso o sanarlo del manipuleo y el no respetar los perfiles y puntajes, para acceder a un espacio de los que está acéfalo dicho Sistema.

Y qué decir del Fiscal Anticorrupción michoacano, que sigue de vacaciones, y sin pena ni gloria cobrando un sueldo que parece beca muy nutrida, tarea enorme del gobernador actual y su secretario de Gobierno, para enderezar el rumbo que lo dejaron perder la administración pasada.

Aunado a todo lo expuesto, se hace necesario que la actual legislatura michoacana trabaje y propicie la reforma a los principios de transparencia, ello para anclar la rendición de cuentas, parlamento abierto, sesiones plenamente públicas al igual que reuniones de comisiones y comités del propio Congreso del Estado.

Modificar la Constitución de Michoacán y sus disposiciones reglamentarias, en tratándose de transparencia. De manera general, lo descrito atiende a lograr el derecho a toda la información en posesión de cualquier autoridad u organismo, lo que da como resultado el principio de máxima publicidad.

Es momento de trabajar de la mano gobierno, legisladores, sociedad civil y marcar la ruta de la no corrupción en el estado de Michoacán y sí el ejemplo de resultados.


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