Morelia, Michoacán – Juan Antonio Magallán/ Beatriz Rojas
Sin avalar el uso de la fuerza, así sea simbólica, la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Elvia Higuera Pérez, dijo compartir el sentir de los miembros de comunidades indígenas que decidieron mutilar la obra escultórica Los Constructores hace unos días.
Cuestionada en Primera Plana Radio sobre el accionar de los miembros del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes dijeron que la escultura ubicada en el Acueducto de Morelia es un simbolismo a la esclavitud; Elvia Higuera resaltó que si bien entendía el sentir de las comunidades, no aprobaba el uso de la violencia:
“Creo que se debieron agotar los recursos del diálogo entre ambas partes y generar una mesa de diálogo; porque no se comparte el uso de la fuerza, aunque se entiende el sentir de la indignación”, finalizó.
Por otro lado, entrevistada días antes durante el programa Los Demonios Sueltos, recordó que el Gobierno del Estado adeuda una disculpa pública a la comunidad de Arantepacua desde la anterior administración, ya que así lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A pesar de que esta era una de las primeras acciones que esperaba llevar a cabo el gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, según lo aseguró la funcionaria, no se ha podido concretar por falta de acuerdo con la comunidad en lo que respecta a la reparación del daño.
Elvia Higuera argumentó que entre los 25 puntos que comprende la recomendación, que competen a distintas áreas, como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, entre otras, está el de la reparación del daño, pero ésta tiene que ir acorde con lo que los mismos habitantes de Arantepacua, de acuerdo con sus usos y costumbres, consideren que puede ser reparatorio.
“Ha sido compjeo encontrar estos puntos para que lo que para ellos es la reparación del daño, el Estado se los pueda garantizar”, reconoció.
Otras acciones que deberá emprender el gobierno, recordó, son la capacitación a policías en materia de uso excesivo de la fuerza, compensación económica y atención médica y psicológica a los afectados, en caso de que aun se requiera.
