Morelia, Michoacán
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) aún no ha entregado al gobierno de Morelia el dictamen sobre las condiciones estructurales en que se encuentra el paso elevado sobre el cruce de la avenida Siervo de la Nación y las vías férreas, del que depende el destino de este proyecto.
El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, mencionó que, si bien la fecha tentativa de entrega del dictamen era hacia finales de enero o principios de febrero, la ASM ha efectuado 2 solicitudes de información adicionales que requiere para llevar a cabo los trabajos de evaluación del avance físico del paso elevado, equivalente a 40% de lo proyectado.
No hay una fecha nueva prevista para la entrega, aseveró el secretario del Ayuntamiento, ya que depende de la ASM la realización del dictamen y de la disponibilidad de los datos requeridos.
Los documentos que obran en poder de la administración municipal constan de los convenios entre el gobierno local, el Fideicomiso para Proyectos Estratégicos (FIPE) y la empresa concesionaria del ferrocarril, Kansas City Southern de México (KCSM), para la entrega y ejercicio de los 6.5 millones de dólares que ésta asignó al proyecto, y de los cuales se pagaron a Obras y Agregados Cashe, empresa a cargo de la construcción, 70% o cerca de 4.5 millones de dólares.
Además, los convenios para que el municipio supervisara las labores, debido a que “entiendo que se consideró una obra privada, esto permitió saltarse mucha de la normativa aplicable a la obra pública, aunque no es posible intervenir así la ciudad, el problema de fondo es que consideraron erróneamente como una obra privada el paso elevado, pero es un proyecto susceptible de revisión por la ASM, más cuando hubo recursos que entraron al fideicomiso”.
De acuerdo con el presidente municipal de Morelia, la evaluación de la ASM permitirá decantarse por uno de 2 escenarios posibles: la adecuada edificación del paso elevado, tras lo que se levantarían actas para delimitar lo hecho en el trienio 2018 a 2021 y lo elaborado en adelante, con objeto de enfrentar futuras auditorías, y la identificación de fallas estructurales, donde las acciones estarán en función de la naturaleza y el alcance de las mismas, pudiendo ir desde una reparación hasta la demolición.
La obra arrancó formalmente en diciembre de 2020, entre la inconformidad de vecinos y comerciantes de la zona, y aunque debió ser terminada en los primeros meses de 2021, a poco más de 13 meses no supera la mitad de sus metas establecidas.
La afectación abarca la movilidad para miles de transeúntes y automovilistas, pero, sobre todo, los vecinos y comercios que están en las inmediaciones del paso elevado.
“Es lamentable cómo una mala administración puede dañar a la gente, ahí están los costos; estamos haciendo recorridos para atender la zona, no podemos decir que están en óptimas condiciones, aunque sí mejor que como recibimos”.
Vialidades sin escombros, retiro de charcos y residuos acumulados, iluminación pública y proyección de limpieza y desazolve del dren son parte de las acciones por desarrollar y desarrolladas para mitigar el efecto adverso de la obra en suspenso, que dejó la zona como “un área minada”.
