Morelia, Michoacán
Entre 2018 y 2021, la cantidad de colonias irregulares en Morelia creció cerca de 33.3 por ciento, al pasar, en 2018, de 300 a más de 400 en el 2021.
El secretario de Bien Común y Política Social del municipio, Adolfo Torres Ramírez, citó que, en contraste, en el período de referencia, las colonias con nomenclatura y oficialmente parte del municipio crecieron apenas en 4.5 por ciento: pasaron de 892 en 2018 a 932, en 2021.
Torres Ramírez señaló que la tendencia de la expansión de la mancha urbana se observa “hacia todas partes” del municipio, sin que existan zonas específicamente afectadas por una urbanización desordenada.
Sin embargo, la creación de nuevos asentamientos se concentra en la zona sur de Morelia, donde se fuerza el cambio uso de suelo forestal a residencial, en tanto que hacia el norte de la capital michoacana está el problema “más grande” de irregularidad, hacia las tenencias de Chiquimitío y Atapaneo.
Agregó que este año se encuentra en curso un levantamiento para conocer con mayor precisión la existencia de colonias irregulares y las áreas donde se presenta este fenómeno, debido a que, reconoció, “nosotros no tenemos una claridad plena sobre la cantidad total de lotes que están invadidos, ya que, además, de forma continua aparecen nuevos asentamientos”.
Expresó que recientemente se identificaron asentamientos irregulares en las cercanías del Estadio Morelos, así como en algunas tenencias y en el área conocida como Arboretum.
La ruleta rusa de la irregularidad
Si bien cada colonia o asentamiento irregular enfrenta una problemática propia, se han identificado esquemas similares: venta de lotes y construcción de viviendas en un predio que no ha sido regularizado para su fraccionamiento, y la invasión de áreas públicas y privadas por parte de grupos o personas que argumentan carecer de acceso a un hogar.
Adolfo Torres mencionó que las colonias irregulares que están en el segundo supuesto, son difíciles de formalizar, ya que previo a este proceso se debe aclarar la propiedad y la posesión del predio invadido.
Otro factor que restringe la posibilidad de regularizar una colonia, independientemente del supuesto en que ésta se encuentre, es la factibilidad del suelo para uso residencial.
“Si una colonia está en una zona peligrosa, como una cañada donde una lluvia fuerte se puede llevar una casa, no hay solución, no hay forma de que se autorice la regularización; es el caso de una parte de Colinas del Sur, cerca hay una cañada y se construyeron 16 casas muy pegadas, no se puede formalizar nada ahí”.
Y es que para regularizar un asentamiento irregular, además de la condición jurídica del predio, se requiere que haya aptitud de uso de suelo, es decir, que no existan riesgos de deslaves, derrumbes o inundaciones, tampoco el paso de líneas de alta tensión o de hidrocarburos, que no se ubique en una zona federal, y que la construcción de viviendas no ponga en peligro a la población.
No es el único inconveniente. Por definición, las colonias irregulares carecen de acceso a servicios públicos, como agua potable, drenaje, alumbrado público y vialidades, debido a que el ayuntamiento no puede destinar recursos a estos espacios y, en varios casos, la condición de irregularidad estriba en la negativa del fraccionador a cumplir con los requisitos mínimos para urbanizar.
Así, la población busca alternativas, como los llamados “diablitos”, que pueden ocasionar incendios al colgarse en las líneas de electricidad, causa del incendio registrado también en Colinas del Sur y que dejó afectaciones en al menos 16 viviendas.
“Hasta por una cuestión de derechos humanos tratamos de acercar, por ejemplo, el agua potable, mediante pipas, porque no podemos poner una toma, pero, en sentido estricto, cuando los habitantes de colonias irregulares buscan conectarse a tomas ya hechas, es un delito, es ‘huachicoleo’ de agua”, asentó el secretario de Bien Común y Política Social.
El largo camino hacia la regularización
Actualmente, en Morelia hay 181 asentamientos que, ante el gobierno municipal, cuentan con algún trámite o proceso encaminado a la regularización.
Esto es, que 45.3 por ciento de las colonias irregulares en la capital michoacana han hecho algún procedimiento para buscar su regularización.
Carecer del visto bueno de Protección Civil, no tener área de donación al municipio, una urbanización que no se apegan a la norma, son parte de los factores que mantienen a estos 181 asentamientos con más de 12 mil familias, a la espera.
Además, hay 20 colonias irregulares -alrededor de 4 mil predios-, donde los requisitos impuestos por el municipio se han cumplido y “están en la cancha” de la Federación, en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).
Adolfo Torres explicó que el proceso de regularización “es muy lento”, ya que el reunir los requisitos correspondientes puede tomar alrededor de 2 años; en el caso de los asentamientos que ya están en revisión por el Insus, se espera que este 2022 puedan obtener una resolución.
En los años 2018 a 2021, “prácticamente” no hubo regularización de colonias o asentamientos irregulares, ponderó Torres Ramírez, ya que las cifras de colonias irregulares se mantuvieron al alza, mientras la cantidad de asentamientos con nomenclatura apenas se elevó en 40, que incluyen colonias regulares desde su creación hasta asentamientos regularizados.
Una promesa incumplida
El secretario de Bien Común y Política Social, precisó que la administración municipal ha optado por privilegiar el diálogo ante la detección de asentamientos irregulares, más que la interposición de denuncias.
Manifestó que el primer y más afectado en estos casos es quien compró el predio, con una promesa de regularizar y dar servicios básicos a futuro, una promesa que no es posible concretar, hasta lograr la formalización de la colonia.
“Lo malo es que muchos primero fraccionan y venden y luego buscan regularizar, y venden a la gente una promesa que no necesariamente se va a poder cumplir; entonces, tratamos primero de agotar el diálogo, porque afectamos más al ciudadano, quien es el que debiera denunciar”, reiteró.
Refirió el caso de un asentamiento irregular en una tenencia, donde los ejidatarios asignaron para venta una determinada cantidad de hectáreas, así como un área de donación, misma que luego optaron por vender, con lo que se vieron imposibilitados para regularizar el asentamiento.
“Vendieron el área de donación, la opción es que paguen su equivalencia en efectivo, en este caso, 4.5 millones de pesos; de no hacerlo y así se autorizara, el gobierno de Morelia incurriría en una falta administrativa y desvío de recursos”, reiteró.
