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El asesinato de un periodista en México llega a tener una carga mediática tan relevante que, de inmediato, atrae como un poderoso imán la marca hasta de organismos internacionales.
Ahí están los casos de Miroslava Breach, reconocida por sus investigaciones en materia de derechos humanos, narcotráfico y corrupción, y quien fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua. Ahí está Javier Valdez, mundialmente condecorado por sus textos sobre el crimen organizado, y también asesinado el 15 de mayo del 2017 en Culiacán, Sinaloa.
Por eso, cuando balas asesinas silencian para siempre a un periodista, de inmediato se activan los protocolos internos en las áreas de gobierno para el manejo de crisis, y la presión social para exigir respuestas a las autoridades puede elevarse al punto del estallido.
Dicho manejo pasa por el acopio inmediato de información, a fin de revisar, analizar y calcular la toma de decisiones en los cuartos de guerra, dirigidas a contener la sacudida mediática y a enfriar los ánimos sociales, si es que se cuenta, claro es, con los elementos para ello.
Y eso fue lo que sucedió esta semana.
El asesinato de Roberto Toledo, ocurrido en Zitácuaro, activó de inmediato esos protocolos ante la versión inicial de que se trataba de un periodista –el cuarto que era acribillado en pocos días en México-, y con el antecedente de la movilización nacional que comunicadores realizaron el pasado 25 de enero, en 43 ciudades, para exigir un cese a este ambiente hostil.
La protesta estaba más que justificada, si se considera la estadística de 102 periodistas muertos del 2010 a la fecha, y más aún cuando el asesinato más reciente tuvo como blanco a Lourdes Maldonado, quien dos años atrás se había apersonado en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir auxilio porque temía por su vida, debido a un litigio iniciado por ella contra el entonces aspirante a la Gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla. La mataron de un balazo en la cabeza, el pasado día 24 en Tijuana.
Pero el caso de Roberto Toledo tiene otros ingredientes, entre ellos, una segunda versión en donde se afirma que no era periodista, sino colaborador de un despacho jurídico que tiene su sede en el mismo inmueble particular donde se ubica el medio de comunicación donde supuestamente laboraba.
Eso hizo revirar al propio Jesús Ramírez, vocero del presidente López Obrador, quien –en un inusual y apresurado arranque- en un primer twit lamentó la muerte del “periodista”, lo que lo llevó más tarde a corregir, por la misma vía y ya con información más robusta, que de acuerdo con las primeras investigaciones la víctima, en realidad, “se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista”.
El Ayuntamiento de Zitácuaro, el Gobierno del Estado y los propios familiares de Toledo, estos últimos en su primera declaración ministerial, confirmaron el nexo laboral con la firma de abogados. En automático, eso le puso hielo al tema y se sofocó, incluso, una eventual y nueva protesta de periodistas, la cual ya se incentivaba con fuerza desde otras entidades ante el homicidio.
Lo cierto es que, este artero crimen –haya sido Roberto o no periodista- aviva un viejo reclamo del gremio: el de la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a periodistas en México y también en nuestra entidad.
El reto es que esos mecanismos -nacidos en 2012, pero aún incipientes en su estructura y capacidad-, sean orientados verdaderamente a proteger, con esquemas efectivos, ágiles y confiables, a quienes ejercen esta profesión, ya sea en un medio de comunicación o de forma independiente.
No hacerlo así, sólo debilitará a estos órganos y los dejará expuestos a ser vulnerados o sorprendidos por quienes hacen del acopio de información, no un manejo noticioso, sino un instrumento de presión con todo tipo de intereses, menos el periodístico. Una práctica que, a la postre, adentra a sus autores en un camino altamente peligroso, que potencializa los riesgos.
Cintillo
Si se aprobara el coctel de propuestas recibidas ya por el Instituto Electoral de Michoacán, la entidad tendría hasta 17 partidos políticos más, adicionales a los 8 existentes. Claro, eso no pasará. La mayoría no resistirá los primeros filtros.
