Morelia, Michoacán
Ha pasado más de una década, pero el hoy fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, recuerda que hacia el año 2011 se vivieron en Morelia episodios “de un sitio criminal descarado”, y que el poderío amasado por los criminales arrinconó a las autoridades, a un grado de que “prácticamente no se podía detener a nadie”.
“Aquí mismo, en Morelia, llegamos a tener episodios de un sitio criminal descarado. Siendo la capital del estado, en un mismo momento, en diferentes puntos de acceso a la ciudad, llegamos a ver vehículos incendiándose, personas moviéndose en las colonias de manera impune.
Cuando se hacía la detención de cualquier objetivo en cualquier punto del estado, tenía repercusiones en todo el estado. Hubo momentos en los que prácticamente no se podía detener a nadie”, rememora el también ex diputado y ex secretario de Gobierno.
Entrevistado en el programa de Los Demonios Sueltos, que transmite Primera Plana, el primer titular de la Fiscalía General del Estado –creada en 2019-, habla del reto que impone el combate a los grupos criminales, su relación con el Gobierno Federal y la etapa de Alfredo Castillo Cervantes, el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, enviado a esta entidad por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
- ¿Se compara aquella etapa de violencia donde surgió el movimiento de autodefensas y estaba el virrey (Alfredo Castillo), con esta etapa?, ¿hay comparación?
Yo te diría que cada cosa en su momento y en su circunstancia. En aquellos tiempos, poco después de 2011 o un poco antes, aquí mismo en Morelia llegamos a tener episodios de un sitio criminal descarado. Siendo la capital del estado, en un mismo momento, en diferentes puntos de acceso a la ciudad, llegamos a ver vehículos incendiándose, personas moviéndose en las colonias de manera impune.
Cuando se hacía la detención de cualquier objetivo en cualquier punto del estado, tenías repercusiones en todo el estado. Hubo momentos en los que prácticamente no se podía detener a nadie.
No puedo decir si fue peor o fue mejor; yo creo que cada quien en su momento vivimos con la misma angustia, preocupación y deseo de que las cosas cambien, y no me atrevería a decir que ahora estamos mejor; ahora estamos como estamos y la gente tiene todo el derecho de percibirnos en el trabajo que hacemos, porque está viviendo una realidad que es la que le toca ahora, la que nos toca ahora (…)
Tenemos indicadores de cómo estábamos a nuestra llegada y cómo estamos ahora, porque al final la tarea de procurar justicia es sólo un tramo de la cadena de seguridad y lo que nos toca a hacer a nosotros, al fiscal, estando en la ley, estando en el plan de persecución penal, cada momento lo evaluamos y medimos para ver en qué podemos mejorar.
- En la época de los autodefensas se habló de corrupción al interior de la Procuraduría y hubo despidos masivos de agentes del Ministerio Público, ¿cómo recibiste la Fiscalía?
Esos despidos le han costado a la Procuraduría entonces, hoy a la Fiscalía y al propio Estado como gobierno, cerca de 20 millones de pesos que se han tenido que pagar a servidores públicos que en aquellos momentos fueron despedidos sin los debidos cuidados. Demandaron ante los tribunales y condenaron a la Procuraduría a pagar.
No se trata de llegar y quitar a quienes tú consideras que debes de quitar, sino que hay que cumplir con los debidos procedimientos. Yo no me atrevo a pensar que esas personas están indudablemente implicadas en actos delincuenciales; simplemente quizá bastaba con establecer que ya no eran personas dignas de confianza y buscar el procedimiento adecuado para separarlas de la institución, pero mandar un mensaje de que todo está podrido, que todo está corrupto y que los que llegaron se van a hacer cargo de todo, eso funciona nada más en un cierto momento, porque a la vuelta del tiempo, los mismos que llegaron en ese plan terminan siendo señalados. Por ello, esto hay que enfocarlo con mucho cuidado.
Para no cometer esos errores, nosotros lo que estamos haciendo es encauzar las cuestiones de posibles faltas administrativas o penales, ante nuestras instancias de control, que tienen sus procedimientos de investigación propios. La instrucción tajante, estricta, rigurosa, es de que cumplamos con lo que la ley nos mandata.
- La situación actual no es cómoda, estando en los primeros lugares de ejecuciones, ¿qué tan difícil ha sido ser fiscal?, ¿te has sentido arropado por el Gobierno Federal?, sobre todo por la estrategia de abrazos, no balazos.
He tenido muchas oportunidades de interactuar con el Gobierno Federal y debo decirte que ha sido una relación muy respetuosa, cordial, de mucho acompañamiento, en donde no hay espacio para las declaraciones políticas entre las instancias de seguridad y de procuración de justicia. Lo que hay es intercambio de información, es acuerdo para realizar acciones estratégicas y operativas, tendientes a cumplir determinados propósitos de lo que es nuestra tarea.
Sin duda, lo que se dice a nivel de posicionamiento político o discurso, va encaminado a mandar una señal que, yo entiendo, ahora es cambiar el enfoque: no combatir la violencia con violencia, sino poner por delante la necesidad de la paz. Eso también se puede explicar cuando hay voluntad para entender una posición política.
Lo que nosotros hacemos no es sólo reconocer el propósito de la política en el combate a la criminalidad o a la impunidad, sino que para ello tenemos reglas, tenemos un Código de Procedimientos Penales, la Constitución antes que eso y tenemos también los tratados internacionales; leyes generales y leyes locales, así como una Constitución estatal y cada cosa que hacemos debe cumplir con el principio de la legalidad que nos mandata sólo hacer aquello que la ley nos permite.
No sólo se trata de llenar un expediente con datos, sino hacer que ese expediente con datos respete las reglas del debido proceso, el principio de la presunción de inocencia y toda la serie de exigencias que establece el nuevo sistema de justicia para poder nosotros sostener, ante un juez, de manera legal y con éxito nuestra teoría en cada caso.
Por eso para nosotros la posición política puede tener una explicación y puede ser comprensible, incluso, pero nuestra obligación está en respetar la ley.
- Siempre se ha habló de corrupción al interior de la Procuraduría. ¿A tu llegada como fiscal hubo alguna depuración?, ¿podemos decir que la Fiscalía está hoy exenta de filtraciones del crimen organizado?
De manera gradual nosotros hemos ido colocando personal de confianza, en las responsabilidades de mando y de operación de la institución. En la medida en que cada quien cumpla con su tarea, con su encomienda, independiente de quién los haya puesto ahí, de dónde sean y quiénes sean.
Aquí de lo que se trata es de cumplir con las atribuciones establecidas en la ley y hacerlo en cumplimiento para entregar los resultados que la sociedad nos exige (…)
No quiero decir que de una vez y para siempre hemos resuelto el problema de la filtración de la delincuencia o los actos de corrupción, solamente decirles que nuestra tendencia va más encaminada a tener fortalezas en todos los aspectos de la tarea sustantiva para evitar que sólo se vea a la Fiscalía como un problema de policías y como un riesgo de filtraciones de delincuentes.
- ¿Ha sido ya recurrente ver el ofrecimiento de recompensas, acompañado de fotos de presuntos delincuentes ¿Ha funcionado este esquema?
Aprovechamos un resquicio que tiene la ley. Ustedes saben que el principio de presunción de inocencia nos obliga a tratar a las personas como presuntos partícipes o autores del hecho, por tanto, no podemos revelar su físico, sus datos de identidad, sin embargo, cuando se trata de alguien que tiene una orden de aprehensión, que lo tenemos individualizado en sus características físicas y datos de identidad, el código nos permite ofrecer recompensa para lograr su captura y hacer esa difusión de la imagen y su nombre.
Esto nos lleva a contar con el apoyo de la sociedad, para que quienes tiene información sobre su localización, nos hagan llegar datos y nosotros poder orientar el trabajo de búsqueda para la aprehensión. Es una ventaja de hecho y derecho, y si está en la ley, nosotros la aprovechamos.
- ¿Y sí se han entregado recompensas?
Hasta ahorita no, lo que sí te puedo decir es que sí tenemos mucha información. La gente colabora y hay un caso, no voy a decir cuál, que sí nos llevó a la detención de una persona.
- ¿Cuál es el estado que guardan las cosas, de asuntos que han tenido una alta carga mediática, como Tarecuato, el de Cervecería 25, el del basquetbolista Alexis Cervantes, y el caso del teniente asesinado?
El caso de Tarecuato está judicializado, hay órdenes de aprehensión; el caso de la Cantinita está judicializado; hay órdenes de aprehensión. En estos dos casos tenemos ofrecidas incluso recompensas. Son carpetas de investigación que siguen abiertas.
El caso de Alexis, es un caso que ameritó un despliegue especial por la carga mediática como dices tú, pero es algo que hacemos de manera rutinaria cuando hay la desaparición de personas. Tenemos que cumplir con protocolos de búsqueda y localización bajo la perspectiva de localizar a esa persona con vida, y lo atendemos, pero no lo comunicamos o no hay esa concentración de la opinión pública sobre lo que estamos haciendo todos los días, salvo esos determinados casos (…) Lo cierto es que localizamos a esa persona con vida, a su acompañante; se reintegró al seno de su familia, la carpeta sigue sus líneas de investigación y habrá de resolverse en su oportunidad en contra de quienes propiciaron esta privación de la libertad.
En el caso del teniente, está en proceso la investigación. No puedo anticipar datos, sólo decirles que se está atendiendo en su debido protocolo de investigación. Se trata de un homicidio, lamentable, una persona muy joven, recién egresada de la carrera para incorporarse al servicio de la Armada, y por supuesto que hay mucho interés de la institución a la que perteneció de que esto se aclare, y de nosotros también y lo vamos a aclarar.
