Morelia, Michoacán

La Contraloría Municipal de Morelia revisará los laudos laborales y las sentencias de juicios civiles perdidos en los últimos tres años por el ayuntamiento capitalino para identificar o descartar la participación de funcionarios en la emisión de obligaciones de pago onerosas y de exigibilidad inmediata.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, mencionó que juicios laborales y civiles se han arrastrado por muchos años, y en un período de tres años se resolvieron en forma adversa al gobierno municipal, por lo que se buscará determinar si funcionarios municipales en activo o ya retirados incurrieron en acciones u omisiones que culminaron en laudos muy costosos.

“Desde la Contraloría Municipal se va a verificar con cuidado. No vamos a anticiparnos a los posibles hallazgos, se está revisando”, reiteró.

Cabe recordar que al inicio de la administración municipal actual se detectaron adeudos por laudos laborales y juicios civiles perdidos por el gobierno de Morelia por alrededor de 240 millones de pesos, la mayor parte de los cuales responde a sentencias en firme y deben ser pagadas de inmediato.

Foto: ACG

Extrabajadores municipales y particulares que entablaron procesos legales en contra del municipio, entre los que destacan un ciudadano que se inconformó por el tratamiento en un predio de su propiedad, ubicado en las inmediaciones del mercado de Abastos, que concluyó en una sentencia de 100 millones de pesos para el municipio, y la empresa a cargo de la actualización catastral que se efectuó entre 2015 y 2018, Geoingeniería Aplicada, por impago de sus servicios, por 27 millones de pesos.

Hasta ahora, aseveró el tesorero municipal, Alberto Guzmán Díaz, se ha logrado una negociación por 10 millones de pesos, mediante la cual se harán pagos diferidos o la reinstalación de exempleados locales; sin embargo, acotó, aún restan 230 millones de pesos por solucionar. No se descarta que una parte importante de este monto deba pagarse en los primeros meses de 2022.

Estimó que los laudos laborales y juicios civiles perdidos representan alrededor de 300 personas, de las que entre 100 y 120 corresponden al lapso de 2018 a 2021.

“Por esto teníamos la necesidad de solicitar la contratación de un crédito bancario, por 735 millones de pesos, a ejercer en 2022 y 2023, para así garantizar la realización de la obra pública, porque los recursos que normalmente se destinarían a inversión en obra pública tendremos que redirigirlos al pago de los laudos laborales y juicios civiles perdidos”, explicó Guzmán Díaz.


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