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El repunte de contagios por el COVID-19, el virus que puso en vilo al mundo desde su aparición, ha prendido otra vez focos de alerta por la velocidad con que se está propagando el ómicron, una cepa no más mortal que el virus original, pero que amenaza con colapsar a los sistemas de salud si no se reacciona a tiempo.
En México, la cifra de muertos por el coronavirus supera ya los 300 mil –algo así como llenar tres veces el estadio Azteca-, una cantidad cinco veces superior a las 60 mil muertes que, el gobierno federal tomaba como base para decir que, llegar a esos niveles de mortalidad sería un escenario catastrófico.
Es decir, el país no sólo llegó a ese escenario de catástrofe, sino que lo replicó ya en cinco ocasiones a pesar del esfuerzo del personal de salud para vacunar a los diferentes sectores poblacionales. Las omisiones de origen, cuando desde el gobierno se alentaba y se sigue alentando a no usar el cubrebocas –y de ahí para abajo todas las demás decisiones erráticas- han pasado factura.
Basta asomarse a los datos duros, a la información estadística, esa que no sabe de poses populares ni cálculos políticos; esa que no reconoce entre la frontera de un color partidista y otro, sino que está basada en el análisis técnico, científico y metodológico del índice de contagios y de muertes.
Esos datos duros nos dicen que en nuestro país la letalidad de la pandemia alcanza ya el 7.5 por ciento, lo que sitúa a México en el tercer lugar mundial, con 299 mil 581 casos registrados hasta el pasado 3 de enero, de acuerdo con un estudio comparativo elaborado por la Universidad Johns Hopkins, la cual ha dado un seguimiento puntual al comportamiento de la enfermedad.
Sólo nos superan dos naciones: Yemen, con una letalidad del 19.6 por ciento, y Perú, con 8.8 por ciento. Detrás de México desfilan Sudán, Ecuador, Siria, Somalia y Egipto, por citar a los ocho países donde el virus ha causado más estragos, partiendo del parámetro medido por el prestigiado plantel estadounidense.
Bajo ese grave diagnóstico, la Secretaría de Educación Pública instruyó el regreso a clases presenciales en todas las escuelas del país, públicas y privadas, a partir del pasado lunes, por considerarla una actividad esencial y controlable ante la amenaza que representa el aumento de la actividad epidémica.
La medida fue acatada por 22 gobiernos estatales, incluido Michoacán, pero en 10 sus gobiernos tomaron la determinación de posponer la reanudación de clases. Estos son Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, donde algunos abrirán aulas el 10 y otros el 17 de este mes.
El desacato de unos y la obediencia de otros podrá o no estar justificada, pero más allá de eso, el aprendizaje que dejan ya dos años durmiendo con el enemigo, es de que ninguna decisión de gobierno que se aparte de la directriz marcada por los especialistas en salud, conducirá a sus gobernados a un destino seguro. Son decisiones que cuestan vidas, miles de vidas.
Pero también es cierto que, por muy robusta que sea una estrategia de contención, aún con el gobierno más calificado por su rapidez y eficacia en reaccionar –que no es el caso en México-, será inservible si la población relaja las medidas y se desborda en todo espacio y actividad que incrementa, potencialmente, el riesgo inminente de convertirla en parte de esa estadística letal.
Cintillo
Expectativa: Michoacán será el primer estado en federalizar su nómina magisterial, lo que despresurizará las asfixiadas finanzas estatales. Realidad: la CNTE se encargará –y se está encargando- de descarrilar las buenas intenciones.
