Morelia, Michoacán
Tiempo al tiempo solicitó a los michoacanos el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, para la interposición de las denuncias, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por la detección de posibles anomalías e irregularidades en el proceso de Entrega-Recepción de la administración pública.
En relación con la cantidad de denuncias a presentar y la fecha probable para ello, Ramírez Bedolla mencionó que “tiempo al tiempo, vamos con calma, no llevamos prisa, porque queremos ser muy contundentes en las investigaciones”.
Agregó que “hemos pasado de los hallazgos a la investigación”, por lo que este lunes por la tarde se tendrá un encuentro con los gabinetes legal y ampliado para “checar avances”.
“En su momento, cuando tengamos ya la investigación y vayamos a presentar a las instancias correspondientes, les informaremos”, insistió.
El mandatario afirmó que, respecto de la relación con el órgano local fiscalizador, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), “tenemos una relación institucional con el Congreso del Estado, de quien depende”.
Indicó que “auditar al Poder Ejecutivo estatal es una de las facultades del Poder Legislativo estatal, y lo hace a través de la ASM, al igual que en los casos de los municipios”.
No obstante, acotó que la ASM únicamente puede auditar los recursos estatales, que en promedio comprenden 2 por ciento del total el presupuesto estatal y municipales.
INE rechaza revocación de mandato por posibilidad de confirmar respaldo a AMLO
Tras la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de postergar la realización de la revocación de mandato, prevista para abril de 2022, el gobernador de la entidad precisó que Michoacán rebasó la meta de 3 por ciento del padrón electoral, al obtener 230 mil de 105 mil firmas mínimas requeridas.
Agregó que “yo creo que lo que el INE busca es evitar confirmar el respaldo que el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene y que es muy alto”.
Insistió en que la postura asumida por los consejeros que aprobaron postergar el proceso no sólo denota una ausencia de interés por la participación ciudadana en la toma de decisiones de gobierno, sino la necesidad de que renuncien a sus cargos.
