Morelia, Michoacán
El Instituto Nacional Electoral (INE) está legal y materialmente imposibilitado para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato previsto para 2022 por insuficiencia de recursos asignados, advirtió el consejero Jaime Rivera Velázquez.
Señaló que actualmente existe el riesgo de que la revocación de mandato o actividades relacionadas con el procedimiento se deban aplazar respecto de la calendarización programada, ya que está pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el amparo interpuesto para buscar asegurar a suficiencia presupuestal ante el recorte por casi cinco mil millones de pesos instrumentado desde la Cámara de Diputados federal.
Rivera Velázquez indicó que, dadas las posibles implicaciones de llevar a cabo el procedimiento de revocación de mandato, se precisa de aplicar las garantías y reglas establecidas por la ley y que corresponden a una elección presidencial, como es el número de mesas receptoras.
Detalló que actualmente está en marcha la recepción y validación de firmas ciudadanas, para obtener al menos el tres por ciento del padrón electoral nacional y tres por ciento del padrón electoral local en un mínimo de 17 entidades, equivalente a 2.7 millones de firmas.
Esta fase, indicó el consejero del INE, no se encuentra comprometida por la insuficiencia presupuestal, no así otras actividades, en particular la contratación de alrededor de mil 700 capacitadores electorales, sólo en Michoacán, requeridos para habilitar las mesas de recepción, que deberán ser iguales en cantidad a la elección de junio de 2018.
Se requiere de alrededor de 3 mil 900 millones de pesos para llevar a cabo la revocación de mandato, pero el Instituto solo dispone de 813 millones de pesos, además de 700 millones de pesos generados por economías y ajustes, que dan un total de mil 500 millones de pesos.
Dado que la SCJN no tiene plazos legales para emitir una resolución, el INE valoraría la posibilidad legal y material de llevar a cabo las sucesivas etapas del procedimiento de revocación de mandato, que en cualquier momento podrían diferirse de no estar garantizado el dinero necesario.
“El INE no puede violar la ley, no puede hacer una revocación de mandato sin las garantías y la seriedad de una elección presidencial, porque se podrían caer en una simulación”, enfatizó.
No es el único escenario. Jaime Rivera mencionó que la SCJN podría resolver mandatar a los diputados federales proveer los medios materiales para efectuar las actividades o bien obligar al instituto a hacer el proceso con los recursos disponibles ahora, lo que conllevaría el desacato de lo establecido por la ley sobre la cifra de mesas receptoras a instalar, por lo que debería contar con una dispensa también judicial para que el INE no caiga en incumplimiento.
“Justo ahora estamos legal y materialmente imposibilitados. Tenemos que esperar la resolución de la SCJN. El INE quiere y hará el proceso conforme a la ley, con toda la seriedad, no caerá en una parodia”, insistió.
El proceso estaba previsto para iniciar en marzo de 2022; sin embargo, esta situación deja en la incertidumbre la fecha de arranque.
