Morelia, Michoacán
“El presupuesto que el estado ejercerá en 2022 deberá estar fundamentado en elementos tangibles, no en promesas que, hasta el momento, no se han cumplido”, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Hernández Íñiguez.
Refirió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo compromisos que “todos aplaudimos, porque todo lo que hace para intentar ayudar se agradece y lo recibimos con bien, pero hasta ahora no hay nada tangible”.
Indicó que ya se ha mencionado que la federalización de la nómina se proyecta para su concreción hasta 2023, “lo que significa que el pago de los maestros será una preocupación por otros años más, y es una de las causas de los problemas en el estado”.
Reiteró que es positivo el apoyo que López Obrador ha mostrado a la entidad, pero no ha sido una realidad, y “no podemos basar las cosas buenas en el futuro por promesas que no existen, lo que existe es lo que está tangible, en las manos, y es muy poco”.
Hernández Íñiguez mencionó la proyección de destinar 3 mil millones de pesos para la realización de obra pública y expuso que “ojalá así sea, pero no sé de dónde van a sacar 3 mil millones de pesos, tenemos que estar muy atentos para ver si se va a generar más deuda o cómo se va a hacer, porque hay mecanismos como la obra por cooperación, el anuncio de la regularización de los vehículos importados, el reemplacamiento, pero todo está en papel”.
Preocupa la adquisición de financiamiento a mediano plazo
Ante la propuesta de acceder a hasta 470 millones de pesos a través de un financiamiento vinculado a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), Adriana Hernández indicó que “entiendo que es una opción legal para los presidentes municipales y el gobierno del estado, recibir un adelanto del FISE que se fundamenta en la estabilidad de los ingresos, pero me preocupa que se garantice con esa estabilidad y la calificación crediticia, porque qué pasaría si esos factores cambian”.
Reiteró que “no se puede saber si los ingresos del estado van a ser los mismos a lo largo del tiempo, hay variaciones y si el estado se llega a atrasar en los pagos se afecta la calificación crediticia”.
Consideró que efectivamente se trata de un crédito financiado a 6 años con una garantía de 25 por ciento de los fondos desde el FISE.
“Son temas que se tienen que revisar”.
