Morelia, Michoacán
México presenta un estancamiento en la aplicación del estado de derecho, así como un debilitamiento de la sociedad civil y la prensa como contrapesos del poder, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho, de la organización World Justice Project (WJP).
La investigadora del WJP Leslie Solís indicó que el estancamiento en la aplicación del estado de derecho se ha detectado en los últimos 3 años, desde 2018, lapso que coincide con la realización del Índice de Estado de Derecho en el país y las entidades.
De acuerdo con los datos arrojados en la última edición del índice, presentada en abril de este año, “lo que vimos es que en México el estado de derecho se ha estancado, no hay avances y tampoco, afortunadamente, retrocesos, en las calificaciones de los indicadores”, expuso.
En el país, la medición se hace desde 2018, mismo tiempo en que se ha identificado el estancamiento.
Respecto del debilitamiento del contrapeso frente al poder de la sociedad civil y la prensa, Leslie Solís mencionó que éste se ha deteriorado a lo largo del último año.
“La sociedad civil y la prensa son un contrapeso espectacular ante el Poder Ejecutivo, pero en el último año se han ido debilitando”.
Hay más retos en la implementación del estado de derecho en México, como las investigaciones penales, que son un factor que propicia la impunidad al no ser efectivas y eficientes.
Otro de los hallazgos es que “la corrupción sigue siendo uno de los retos principales para el país, con diferentes formas en función de los estados”.
La investigadora del WJP mencionó que “hay mucho trabajo por hacer, hay muchos retos, pero es posible asumirlos, y una muestra de ello es que hay diferencias en los indicadores entre los estados, lo que nos habla de que hay buenas prácticas que se pueden replicar”.
Recordó que el objetivo del Índice de Estado de Derecho es “proveer información de primera mano sobre la situación de los estados, pero también proponer políticas públicas para apuntalar las fortalezas y afrontar los retos”.
Leslie Solís señaló que las sucesivas publicaciones del índice permitirán consolidar los datos generados en los últimos 3 años y evaluar las tendencias en los indicadores, particularmente aquellos que representan focos rojos en México y las entidades.
El taller sobre la Construcción del Índice de Estado de Derecho en México, impartido por las investigadoras del WJP Leslie Solís y Eréndira González, fue parte de las Jornadas Académicas El Papel de los Sistemas Estatales Anticorrupción y sus Desafíos, que se llevaron a cabo los días 2 y 3 de diciembre, en Morelia.
El índice de Estado de Derecho se realiza cada año en 130 países, y en México además se generan datos subnacionales, para valorar la condición en las entidades.
En estas mediciones se revisan aspectos como corrupción, seguridad pública, discriminación, derechos humanos, entre otros, desde la experiencia y perspectiva de las personas, con estadísticas y datos complementarios.
Michoacán, lugar 18 en México en estado de derecho
En el caso específico de Michoacán, Leslie Solís precisó que tiene una calificación global de 0.40, en una escala de 0, ausencia total de estado de derecho, a 1.0, estado de derecho pleno.
Esta cifra le permite posicionarse en el sitio 18 entre las 32 entidades federativas, “a media tabla” del índice nacional.
De los 8 factores que evalúa el índice, Leslie Solís manifestó que la fortaleza de la entidad se concentra en el rubro de derechos fundamentales, en tanto que su debilidad se hace patente en las áreas de ausencia de corrupción y justicia penal.
