Morelia, Michoacán
Michoacán ocupa actualmente el lugar 22 a escala nacional en ausencia de corrupción, refirió la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Rosmi Bonilla Ureña.
Durante las Jornadas Académicas El Papel de los Sistemas Estatales Anticorrupción y sus Desafíos, que se realizan los días 2 y 3 de diciembre, Bonilla Ureña mencionó que, según el Índice de Estado de Derecho, de la organización World Justice Project, la entidad se ubica a media tabla en la ausencia de corrupción.
El análisis de las condiciones de los 32 estados mexicanos en torno de la ausencia de actos de corrupción arrojó, en términos llanos, que la entidad aún experimenta una importante incidencia de este flagelo.
Rosmi Bonilla agregó que el World Justice Project especificó que la corrupción en la entidad tiene una característica especial, que es el estancamiento.
“No empeora, pero tampoco mejora”, explicó la presidenta del SEA.
Afirmó que la corrupción y el estancamiento detectado en su erradicación son focos importantes donde el sistema deberá poner su atención, a fin de determinar los factores que llevan a una persistencia de la incidencia y prevalencia de la corrupción y buscar así los mecanismos para abatirla.
Rosmi Bonilla señaló que, además de la exposición de la organización World Justice Project se tuvo, el pasado jueves, la intervención de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el éxito del presupuesto directo a las comunidades indígenas, que, a pesar de no tener las instituciones de seguimiento acostumbradas, “han dado muestras de transparencia y rendición de cuentas”.
Asimismo, se tuvo un papel con el comité coordinador del SEA, donde se revisaron los retos para la entidad, entre los que Bonilla Ureña destacó la necesidad de contar con perfiles idóneos en los operadores del sistema, como son los contralores de las instancias, especializados, conocedores de la administración pública y con la capacidad de llevar y defender casos cuando se detectan actos de corrupción.
Además, la homologación de los delitos de corrupción en los códigos penales, y el reconocimiento de que ha terminado la fase de implementación del SEA, con lo que “ahora ya nos conocemos, ya sabemos quiénes somos, ya tenemos que dar resultados”.
