Obra pública en seguridad, negocio de Silvano : Pantoja

Morelia, Michoacán

Obra realizada en seguridad pública fue el negocio del exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, afirmó el representante en Michoacán de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja Arzola.

Luego que el Congreso del Estado recibió, el pasado domingo, el paquete fiscal 2022 para su análisis y eventual aprobación, Pantoja refirió que la reducción que se estimó en 400 millones de pesos para el renglón de seguridad pública obedece a la eliminación de ese “negocio”.

“Seguramente esta reducción de 400 millones de pesos en seguridad le va a traer críticas al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pero quiero aclarar que el presupuesto de seguridad era el negocio para dos o tres, era el negocio del exgobernador Silvano”, señaló.

Aseguró que, mediante la realización de obra en materia de seguridad, hasta 40 por ciento del presupuesto del rubro era desviado, “es impresionante la forma en que saquearon al estado”.

Explicó que en el caso del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), en la colonia Villas del Pedregal, “de muy poco sirve a la población, de nada sirven 10 mil o 500 cámaras si no hay quien las atienda, dé seguimiento o tenga la voluntad de operarlas”.

“Usaron el presupuesto de seguridad pública para obras, no para comprar unidades, equipamiento o capacitación, porque era el negocio del exgobernador Silvano, en el tema de las obras se fue hasta 40 por ciento de los centavos”, insistió.

El paquete fiscal comprende una disminución por 13.3 por ciento en el rubro de seguridad pública, 531 millones de pesos por debajo de la aprobado en 2021.

El C5i fue edificado en un predio de 31.5 metros cuadrados e inaugurado en 2019, publicitado como el centro, en su tipo, más grande de América Latina.

Más de 6 mil cámaras de vídeovigilancia y una red de 300 kilómetros de fibra óptica, se conecta con 11 centros de inteligencia, 8 cuarteles 55 arcos y 18 mil 250 botones de pánico.

Hoy, la administración estatal ha reconocido que es inoperante, con una entidad ajena a la entidad manejando la información generada, desconocido el paradero de cámaras de vídeovigilancia y goteras en las instalaciones.