Morelia, Michoacán
Dos iniciativas encaminadas a evitar el maltrato y la crueldad animal se presentaron el pasado jueves en el Congreso del Estado. Una por parte de la diputada por el Partido del Trabajo (PT) Mayela Salas y otra por el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar.
Si bien en esencia ambas iniciativas buscan lo mismo, las propuestas son distintas. La iniciativa de Ernesto Núñez busca establecer sanciones mediante una reforma al Código Penal, mientras que la de Mayela Salas dicta obligaciones para los ayuntamientos, reformando la Ley de Derechos y Protección para los Animales.
El legislador del PVEM plantea definir los delitos de crueldad y maltrato animal, que llevarían penas de cárcel y sanciones económicas que pueden alcanzar los 48 mil pesos.
Si se aprueba esta reforma, se considerará crueldad animal cuando se inflinja daño a un animal que no constituya un peligro para la vida humana y se le inflinjan lesiones que pongan en peligro su vida, le ocasionen una incapacidad parcial o disminuyan sus funciones, así como actos de tortura, sadismo o zoofilia, entre otras y dependiendo de su gravedad se castigará con dos años de cárcel y una multa que puede alcanzar 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto es, más de 48 mil pesos.
Por lo que toca a maltrato animal, se considerará delito el maltrato (doméstico o laboral), abuso, negligencia u omisión hacia cualquier animal cuando menoscabe su bienestar, imponiéndose de seis meses a un año de prisión y una multa.
La propuesta de Mayela Salas, en cambio, no determina sanciones, sino que establece como una obligación de los habitantes de la entidad no violentar a los animales ni cometer actos de crueldad, maltrato o zoofilia y denunciarlos en caso de ser testigo.
Además, atribuye a los ayuntamientos la obligación de asignar recursos económicos a las actividades de protección de los animales y emitir reglamentos para los Centros de Control y Asistencia Animal.
Estos consejos, sin embargo, no llevarían a cabo actividades específicas, sino que se dedicarían a emitir propuestas al ayuntamiento que corresponda en materia de programas y políticas públicas para proteger y esterilizar animales, reglamentación del cuidado de animales domésticos e impulsar la participación ciudadana.
Establece también los requisitos que deben cumplir las asociaciones civiles protectoras de animales para recibir recursos públicos.
La iniciativa presentada por la legisladora del Partido del Trabajo (PT), adiciona diversas fracciones a la en el Estado de Michoacán de Ocampo, en donde señala que, corresponde a los Gobiernos Municipales: crear un consejo ciudadano de protección animal, el cual se renueve cada dos años
