Morelia, Michoacán
Nueve horas con catorce minutos. Sala de Oralidad del Poder Judicial del Estado de Michoacán. María Guadalupe del Toro Morales murió a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento. La cruda verdad ha sido revelada por el primer testigo de la audiencia en la que se desahogan más testimonios sobre el presunto feminicidio ocurrido en diciembre del 2019 en la ciudad de Morelia.
La defensa del imputado, Martín M. intenta tres veces en vano detener las declaraciones del médico forense sobre lo que encontró al hacer la necropsia de ley aquel 29 de diciembre. “¡Objeción!”, levanta la voz una y otra vez el abogado, pero nada, el juez Fernando Hernández le explica que no se está violentando ningún principio y da la orden al testigo para que continúe con el relato.
Al llegar a la avenida sin nombre de la colonia La Aldea, el forense se encontró con un cuerpo envuelto en bolsas de plástico color negro. Ratificó que no tenía signos vitales y observó que María Guadalupe vestía con una sudadera naranja, blusa rosa, playera azul, aretes de oro y un collar de plata. En sus partes íntimas no había prenda alguna.
“Se registró desprendimiento en sus extremidades, en el cuero cabelludo, protrusión de la lengua, equimosis (golpes) en la cabeza, cuello, la parte lateral izquierda de la cara, brazo derecho, rodilla izquierda, muslo derecho y pérdida del tejido en el labio… estas lesiones son por contusión o compresión, que hace que se genere una ruptura de los vasos sanguíneos. En el caso de las externas, se provocaron antes de que muriera”.
Mientras el testigo da parte de lo ocurrido, la madre de la víctima, María Luisa Morales, baja la cabeza, se sostiene la sien con su mano derecha y clava la mirada hacia el suelo. “¿Cuáles serían sus conclusiones, médico?”, se le pregunta por último. “Asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que quiere decir que hubo una compresión u obstrucción del cuello, por lo que se vio limitado el flujo de aire a los pulmones, también del cerebro al corazón y viceversa”.
La Fiscalía General del Estado (FGE) propone ilustrar lo que se ha relatado con 27 fotografías, las cuales serían mostradas en privado para respetar la dignidad de la víctima; sin embargo, los jueces no lo autorizan bajo el argumento de que ya no es necesario. “Nos ha quedado claro cuál fue la labor del médico”.
A la sala llega un segundo testigo, un perito criminalista que reafirma en su testimonio los datos antes escuchados, verifica dos dictámenes y añade nuevos datos: al hacer un cateo en un inmueble relacionado con el caso, ubicado en Villas del Real, se localizó un vehículo marca Ford. Se busca mostrar más fotografías, pero de nueva cuenta los jueces no lo autorizan. “No es necesario”, insisten.
La negativa hace explotar a Verónica del Toro Morales, hermana de la víctima, quien minutos más tarde declara ante la prensa la posibilidad de buscar un recurso legal para que los jueces sean sustituidos.
“Queda en evidencia la molestia extrema de los jueces, el presidente en esa pose de autoridad y utilizando el poder que tiene, no permite el desahogo de los testimoniales. Ellos controlan los tiempos del testimonio y constantemente piden al Ministerio Público que sean objetivos y precisos, pero que me perdonen, estos son los espacios para poder mostrar las evidencias y las investigaciones que se tienen”.
Con la rabia intacta, acusa que se está deshumanizando el delito de feminicidio y el caso de su hermana; dice no comprender cómo los jueces inclinan toda su visión a la parte del razonamiento, pero dejan de lado la parte emocional y psicológica, que queda absolutamente destrozada con la violencia de género que, en muchas ocasiones, desemboca en la muerte.
Doce años
Lo primero que hace al salir de la sala es abrazar a sus familiares. Se acompaña de su psicóloga y pese al atípico momento que acaba de vivir a sus doce años, luce sereno. Carga una garrafa de agua en la mano izquierda y sonríe cuando le ofrecen un chocolate. “¿Ya me lo puedo comer?”, pregunta ilusionado. Con un gesto amable, le dan el sí.
Es el hijo menor de la víctima y acaba de ofrecer su testimonio de manera privada. Solamente con los jueces y las defensorías legales presentes. En una habitación contigua, se encontraba su padre observando y escuchando a detalle el relato a través de una pantalla. Durante poco más de veinte minutos, Martín M. mantuvo la mirada fija, con las manos entrelazadas y sin emitir gesto alguno.
No recuerdo fechas
-Señora, ¿tiene algún inconveniente de dar su testimonio frente a su hermano? -pregunta el juez.
-Para nada -responde la mujer.
La hermana de Martín supera los 50 años, es regordeta, viste con una chamarra café y pantalón de vestir holgado. Desde el primer minuto se muestra molesta, desesperada, como quien ha sido llevada a hablar contra su voluntad. A un costado de ella se encuentra Martín, pero en todo el rato le dedica una sola mirada, fría y sin ningún tipo de emoción.
La defensa de la víctima le cuestiona sobre aquel diciembre del 2019. Sus primeras palabras son una advertencia y disculpa al mismo tiempo: “No recuerdo las fechas”. Relata cómo desde que nacieron ha cuidado en muchas ocasiones de sus nietos, los hijos de Martín y la fallecida María Guadalupe.
La Fiscalía insiste tratando de averiguar cuándo fue la última vez que estuvo con ellos antes de que su nuera apareciera sin vida. Dice recordar una posada, una tardeada, días cercanos a Navidad. “Siempre tuve buena relación con mis hermanos, era frecuente que me los dejaran desde que nacieron, sucedía dos o tres veces al mes, ya sea porque se iban a trabajar, a pasear, bailar, una cena o lo que fuera”.
Al no tener más preguntas, el juez agradece su presencia y la invita a quedarse a presenciar el resto de la audiencia, siempre y cuando sea su deseo. La mujer abandona la sala sin desviar la mirada.
No hay tiempo
Se trata de dos testigos que aparentemente resultan ser claves en el caso, pero no llegaron. Las personas que conducían la motocicleta de María Guadalupe del Toro y que a decir de la relatoría de los hechos en la carpeta de investigación, lo hacían con el objetivo de deshacerse del vehículo motorizado, no han podido ser localizadas.
Hay preocupación por parte de la FGE y la defensa de la víctima. Solicitan a los jueces que emitan una orden de arresto, tras haber explicado que ya se buscó dar con ellos a través del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los jueces, exasperados, dialogan por unos minutos hasta tener una decisión: enviarán un oficio al vocal ejecutivo del INE para que colabore indagando si existe un domicilio en el que se pueda localizar a los dos involucrados. En caso de que no acudan al Poder Judicial del Estado de manera voluntaria, se emitirá la orden de arresto con vigencia hasta el próximo 18 de noviembre.
La defensa de la familia del Toro Morales intenta proponer alternativas, expresar inquietudes; pero el juez Fernando Hernández dice que ya no hay tiempo. Con prisa, atienden una última petición para verificar la fecha y hora de la próxima audiencia.
“Nosotros les hacemos llegar el acuerdo por escrito… gracias, se levanta la sesión”, expresa el presidente antes de perderse por la puerta trasera del recinto en el que se imparte la justicia.
