Hija de mi madre

A propósito del reciente anuncio de más elementos militares desplegándose en el estado michoacano, hemos escuchado con más frecuencia lo que desde el 2006 se ha dicho: la militarización del país. En aquellos años y hasta 2018, era la izquierda quien abiertamente se manifestaba en contra de que los militares estuvieran en las calles y, el mismo Andrés Manuel López Obrador, quién ahora tiene al ejército en la vida pública, criticaba esas decisiones.
A lo largo de este tiempo hemos podido identificar las líneas que dan forma a la militarización que a la fecha “prevalece” en México, que han sido la militarización directa e indirecta. Previo a la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, se encontraban desplegados 32 mil 500 soldados en tarea de seguridad pública, pero en su presidencia la cantidad llegó a 48 mil 500.
En el inicio del sexenio de Peña Nieto se redujo el despliegue militar de manera notoria, pero para la recta final de su mandato (2016-2018) hubo un cambio de estrategia y es que los niveles de violencia habían ascendido nuevamente, para este momento había un promedio de 53 mil soldados desplegados, más 16 mil marinos y para septiembre de 2018 se había ya centralizado la función de las policías municipales en mil 757 municipios, subordinados a gobiernos estatales que adoptaron el Mando Único.
Desmilitarizar la vida pública en México y regresar al ejército a los cuarteles fue una de las promesas emblemáticas del ahora presidente, sin embargo, a 3 años de la llegada de la Cuarta Transformación, los militares siguen en las calles, pero claro, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero y vaya usted a saber, querido lector, qué fue lo que le informaron cuando llegó al cargo que hizo que su decisión cambiara y que actualmente se encuentren desplegados 150,731 elementos.
Andrés Manuel encontró un país con varios problemas acuciantes y críticos: por un lado, la gravísima inseguridad y violencia heredada por el neoliberalismo y la guerra contra el narco y por el otro, la carencia de cuerpos policiales capacitados y suficientes, así como instituciones incapaces de gobernar.
Así que, a la llegada de la 4T, devolver a los militares a sus cuarteles hubiese sido un absurdo, pues, lo que aun a la fecha resulta urgente es formar una nueva policía e instituciones capaces de contener la violencia e inseguridad.
Pero tenemos que hablar muy claramente sobre lo que la actual oposición afirma: Que Andrés Manuel está militarizando al país pues le está dando más actividades a las fuerzas armadas. Pero ¿realmente se está militarizando al país?
En 1998 México tenía un total de 250 mil elementos, se encontraba en la posición 23 junto con Japón. Para 2018, hubo un incremento de 13 mil elementos, lo que nos deja con 263 mil efectivos; y nos posiciona aún muy por debajo de países como China que tiene poco más de 2 millones, India con 1 400 000, Estados Unidos con 1 370 000, Rusia con 937 000, Corea del Sur con 660 000, Colombia con 433 000 y una larga lista de países, entre ellos algunos que se encuentran atravesando golpes de estado o guerrillas civiles.
En la escala de los países más habitados del mundo, México ocupa el lugar 10, pero en razón de cantidad de elementos castrenses ocupa con estos datos, el puesto 18, pero aún hay más; por los efectivos militares como porcentaje de la población, México está en el lugar 112 y si lo consideramos por el gasto militar per capita, ocupamos el lugar 100 entre 170 países. Así que, ni en cantidad de elementos, ni en presupuesto estamos ante un militarismo y, al contrario, estamos muy distantes de lo que muchos dicen que ya somos: un estado militarizado.
Y si, en efecto no se trata únicamente del número de militares, sino sobre las actividades que en la función y vida pública realizan, sin embargo, la asignación de tareas civiles a los militares no ha significado entregarle poder político, sino, simplemente hacerlos parte de la sociedad, llevarlos a interactuar con la población. No se militariza a la sociedad: se socializa a los militares.
En administraciones pasadas, las fuerzas armadas se instrumentalizaban contra la población civil, ejemplo claro fue su participación en la contrainsurgencia en Chiapas y el EZLN, la ofensiva contra los civiles en ciudad Juárez y las ejecuciones extrajudiciales en Tlataya. Hoy, por ejemplo, la Marina está a cargo de los puertos y la Sedena está a cargo de las aduanas para combatir la corrupción y el tráfico de drogas. También están asignados a actividades como la construcción de un aeropuerto y partes del Tren Maya, además de las que históricamente han sido responsables como la evacuación de poblaciones en riesgo y rescate de personas ante desastres naturales, seguridad y resguardo de áreas afectadas, atención a la contingencia sanitaria y etc.
El fenómeno de adaptación de las fuerzas armadas también puede ser nombrado como policización, y esto daría un cambio radical en la percepción de la institución como actor legítimo para intervenir en las cuestiones de seguridad pública y tal vez eso es lo que este gobierno busca, a pesar de que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, el Ejército Mexicano es una de las instituciones mejor evaluadas por la sociedad.
Desde esta perspectiva es entendible que se quiera aumentar el involucramiento de los militares en las actividades de la vida pública, sin embargo, se debe ser sumamente cauteloso en las estrategias a usar, pues derivado del desgaste que se dé mientras más se vaya involucrando, habrá una disminución en los niveles de aprobación del Ejército y lo que necesitamos ahora como país, es una construcción de capacidades policiales a nivel local. Contar con un ejército fuerte y tener policías sólidas no son procesos incompatibles y, al contrario, son necesariamente transversales, pues una gran parte de las policías estatales y municipales no tienen la capacidad necesaria para combatir la gran ola de violencia e inseguridad relacionada sobre todo con el crimen organizado y éstas entonces, sí dependen de apoyo y soporte a nivel federal para garantizar la seguridad pública.
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