GAMBITO SOCIAL
“Lo digo con mucho pesar, es triste reconocer
cuando la educación se debate figurativamente entre la vida y la muerte;
en campañas políticas, la educación es bandera de todos los candidatos,
y ya en el poder se olvidan de ella”.
Juan Ávila Osornio
en “La educación es lo que menos importa”
Inicia un nuevo sexenio, que debe representar el principio de una nueva etapa en el desarrollo educativo de los michoacanos. La situación es gravísima, inaceptable y requiere resultados inmediatos, a la vez que exige esfuerzo de largo aliento para poder solucionar estructuralmente la problemática enquistada por décadas, a la par que se diseña la institución que requieren las generaciones venideras para poder desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos humanos plenamente.
Hoy hay más personas en rezago educativo en Michoacán que hace dos años. Asimismo, contamos con más de 100 mil personas analfabetas que supuestamente fueron alfabetizados en el sexenio anterior. Es más, para al menos un millón de estudiantes en Michoacán aun ni siquiera empieza el ciclo escolar formalmente. Ellos están desconectados, no solamente de sus maestros ni de sus compañeros, sino del mundo, del conocimiento científico y de la realidad universal. La indolencia, el malestar, la corrupción, la omisión, la desesperación y la inefectividad son sombras que no se despegan de un sistema educativo que pareciera haberse acostumbrado a ser el peor de la nación, sin visos ni esperanzas de salir de ahí.
Más aún, como lo mencionaba con claridad el Dr. Juan Ávila Osornio, académico, liberal y gran pensador de la política educativa estatal, en la cita que se recoge para el epígrafe de este texto, la educación ha sido un estandarte coyuntural de los candidatos en campaña, el cual se abandona y se llena de telarañas una vez que se ganan las votaciones. Sin embargo, la educación michoacana ya no puede seguir sumida en el abandono, en la mendicidad y en la indignación sempiternas. Ahora mismo, decenas de miles de trabajadores de la educación aún esperan con indignación sus salarios, viviendo la precariedad de no contar con ingresos propios a pesar de tener una supuesta estabilidad laboral.
Simultáneamente, una inmensa mayoría de los estudiantes michoacanos ven pasar los días sin agregar conocimientos científicos a su acervo personal, sin desarrollar aprendizajes disciplinares ni competencias para la vida. Es más, conforme se suceden los días del calendario escolar, para muchos de ellos hay más probabilidades de que se les sigan olvidando los conocimientos aprendidos antes de la pandemia que de adquirir otros nuevos. De las condiciones socioemocionales, socioeconómicas, de hacinamiento y de violencia en que se encuentran las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sus familias y sus maestros, prácticamente nada se sabe. La autoridad no ha querido ver ni escuchar al respecto.
Recomponer el rumbo es una prioridad gigantesca e inaplazable. Se trata del futuro de una sociedad compuesta por cinco millones de personas viviendo dentro de la geografía estatal y otro tanto de michoacanos que emigraron, principalmente por falta de oportunidades en lo local.
Hoy contamos con una administración que empieza sin mancha alguna, que tiene la oportunidad de hacer el gran cambio que Michoacán se merece. La educación está correlacionada con el desarrollo económico, con el nivel de ingresos y con la esperanza de vida incluso. Cargar con la responsabilidad de modificar el rumbo es importantísimo. Se puede, se vale, urge, se necesita.
Tenemos atrás el paso de un gobierno que falló en educación. Por ese antecedente urge que se logre convocar a formar parte del gabinete educativo a los mejores perfiles, los más experimentados, los más capaces, los más sensibles y quienes tengan más vocación para reconstruir el sistema educativo michoacano, que está en condiciones francamente deplorables. No resistirá la educación michoacana un gabinete de composición más, donde los cargos se otorgan a manera de cuotas a las fracciones sindicales, a los grupos partidistas y a las redes de poder internas de la SEE y sus subsistemas. Hay que aprender de las lecciones pasadas. De los errores que generaron catástrofes masivas.
Persiste la necesidad de convertir al sistema educativo michoacano en una caja de cristal. De sanear todo lo que se corrompió durante décadas y que en el último periodo se exacerbó. Por ello, resulta perentorio hacer un balance de la administración estatal saliente, el cual es desastroso. Quienes debieron hacerse cargo de las atribuciones constitucionales en la materia para Michoacán no solamente no pudieron con ellas, sino que se convirtieron en parte sustantiva del problema.
Hay algunas cuestiones relevantes, entre lo menos malo realizado, como el que le dieron seguimiento a una propuesta proveniente de nuestra organización de la sociedad civil: el rescate integral de las finanzas educativas estatales, entre las cuales destaca la federalización de la nómina magisterial, término que hizo propio la administración pasada y se inició el proceso respectivo, aunque no se diseñó nunca la política pública, el acuerdo fue incompleto, muy opaco y prácticamente inefectivo, no se radicó la inversión necesaria ni se conformó una red de políticas públicas para arropar la medida, por lo cual los resultados son nulos. Menos aún, se definió cómo sería el esquema de tal federalización de tal forma que no se afectaran los derechos laborales de los trabajadores de la educación con modalidad de sostenimiento estatal, razón por la cual resultó ser una consigna gubernamental fallida. Esperemos se brinde seguimiento a la medida.
Por otra parte, en lo favorable está también que se dio mantenimiento y se construyeron aulas, aunque como no se supo de reglas de operación ni de elección de planteles a beneficiarse, ni tampoco se conformó jamás un consejo ciudadano estatal de vigilancia, lo cual se aunó a la serie de fotografías en plena campaña electoral que se difundieron masivamente, se infiere que prevalecieron los criterios político-territoriales-electorales para radicar las inversiones públicas en determinados planteles. Asimismo, en las revisiones que realizó el poder legislativo a la inversión en infraestructura física educativa se dieron muchas observaciones que no fueron debidamente aclaradas en su momento, pero que dejaron de ser noticia. Esperemos se aproveche lo construido y las irregularidades se resuelvan.
Una situación que podría aparentar haber sido positiva es que se disminuyó la costumbre de firmar minutas con grupos gremiales y sindicatos, aunque prevaleció su firma en subsistemas y, en educación básica fueron más bien acuerdos de valores entendidos, puerta abierta a la denominada gestoría que realizan las cúpulas de algunos grupos gremialistas como las alas roja y azul de la CNTE, por citar un par de ejemplos. Entonces, solamente se sofisticó la forma de acordar con grupos de interés.
En lo más francamente negativo, se incumplió rampantemente la Agenda por Michoacán, donde el exgobernador de Michoacán empeñó su palabra y su firma ante 126 organizaciones de la sociedad civil. Como no se dio la cara frontalmente ni por él ni por quienes designó como funcionarios al respecto como estaba convenido, desde el activismo se realizó una evaluación independiente, en la cual apenas se alcanzó el 11 por ciento de su totalidad. Lamentablemente, con ello perjudicó gravemente a los estudiantes, maestros y padres de familia de Michoacán, porque el decálogo signado podía resumirse en que lo único que se les pedía a las entonces autoridades era cumplir y hacer cumplir la ley en materia educativa, lo cual evidentemente no sucedió.
Paralelamente, se nulificó el trabajo del Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación, organismo de gobernanza creado en 2009, que en 2016 se convirtió en Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, con participación muy escasa de la sociedad civil y finalmente fue reducido a un Consejo Estatal de Participación en la Educación, de carácter optativo y que nunca tuvo su propio acuerdo de creación, a pesar de que, en el poder ejecutivo estatal se cuenta con atribuciones para realizarlo.
Aún peor resulta el hecho de que los indicadores educativos que son conocidos están por los suelos, los indicadores financieros hablan por sí mismos, el regreso a clases se ve lejano y distante. Se simuló la aplicación de la ley en la materia y se torció la implementación de las reformas constitucionales y las nuevas leyes secundarias, para poder operar perversamente a su antojo los procesos clave de la secretaría de educación en el estado, especialmente aquellos que tienen relación con los recursos humanos.
Después de seis años, la educación ahora es menos gratuita -somos el primer lugar nacional en educación privada- menos laica, menos universal, menos incluyente y con un nivel de aprendizaje oscuro, toda vez que no ha sido medido durante años.
En materia de perfiles para la estructura de la SEE fue uno de los principales errores cometidos, ya que se nombraron personajes sin perfil académico acorde a la función, provenientes, socios o accionistas de escuelas privadas o con fuertes conflictos de intereses con ellas; asimismo, sin experiencia profesional en el sector educativo, con dudosa probidad y con manchas serias en sus expedientes, por haber estado involucrados en episodios negros de la educación estatal, que no pudieron, ni supieron ni quisieron resolver, como la simulación de la evaluación docente, el ingreso a las escuelas normales, la promoción horizontal y vertical, las encargaturas de direcciones, supervisiones y jefaturas de sector, el tráfico de plazas, espacios, permutas y vacantes por jubilación y fallecimiento, el uso político del magisterio en mítines y actos políticos, entre otras cuestiones.
Más aún, para el legado negro de la administración saliente queda el hecho de que cuando arribaron al poder había una sola Sección XVIII de la CNTE. Pero, gracias a su intervencionismo y gestoría unilateral, nos dejan dos colores de la CNTE, lo cual implica duplicidad de cientos de sedicentes comisionados sindicales, cada uno de los cuales representa a un grupo de estudiantes sin maestro.
También, nos dejan nuevos ricos en la educación, que son los empresarios dueños de decenas de nuevas escuelas y universidades privadas, que obtuvieron registros de validez oficial por racimos y en cuestión de meses, cuando a los planteles privados les ha llevado varias décadas obtenerlos. En suma, queda un sistema educativo desgarrado y conflagrado, con un clima laboral infame, con un magisterio más politizado, indignado e inconforme que nunca.
Quedan como grandes pendientes reconstruir el sistema educativo estatal, desde la revisión, actualización y armonización participativa del marco normativo que lo rige, centralizando la escuela pública como espacio por antonomasia donde se ejerce el derecho a aprender de la niñez y juventud michoacanas. Centrarse en las personas, en los sujetos de derechos y en sus principales garantes y respondientes. Y recuperar y restituir el carácter laico, científico y progresista de la educación pública, eliminando los resabios oscurantistas que se le brindaron durante el sexenio pasado. No es poco, pero los derechos se conquistan y preservan ejerciéndolos. Merecemos un gobierno educador.
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