PRD se declara en sesión permanente y vigilante ante resolutivo del TEPJF

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Morelia, Michoacán

Previo a la resolución que emitirá el día de mañana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la elección de gobernador en Michoacán, en el Tercer Pleno Extraordinario del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los militantes acordaron emprender tres acciones específicas.

El secretario de asuntos electorales y políticas de alianza del partido, Lenin Sánchez, expuso que independientemente de lo que resuelva el TEPJF, el Consejo Estatal debe continuar la cruzada que emprendió el gobernador Silvano Aureoles, “para que nunca más se cometan conductas ilegales que lleguen a afectar en su momento a futuros procesos electorales”.

Por ello, por votación se aprobaron tres acuerdos, siendo el primero de ellos que ante la resolución de los magistrados en la que está solicitando la nulidad de los comicios del pasado 6 de junio, el Consejo Estatal se declara en sesión permanente y vigilante para iniciar acciones en Michoacán en defensa del sufragio libre.

Como segundo punto, se acordó iniciar en las entidades federativas la Cruzada por la Paz ante el riesgo en el que se encuentra la democracia; en tercer lugar, se aprobó hacer colectiva la agenda planteada por el mandatario estatal para promover reformas en el Congreso de la Unión.

En este último punto, se detalló que las propuestas legislativas son las siguientes: construir el andamiaje jurídico para transitar al voto electrónico en todo el país; adecuación al código nacional de procedimientos penales para requerir la protección de víctimas, testigos y denunciantes de delitos electorales.

Asimismo, en este mismo código, se buscan las adecuaciones para que las conductas ilícitas denunciadas en los procesos electorales no queden impunes; también se pretende incorporar el tipo penal de terrorismo electoral cuando se realicen las siguientes conductas: intimidar seriamente a una población durante un proceso electoral, obligar indebidamente a un gobierno estatal o municipal a realizar o dejar de hacer una actuación electoral a favor o en contra de algún candidato y desestabilizar seriamente las estructuras políticas.

Finalmente, dentro de este paquete de propuestas, se contempla reformar la ley general en materia de delitos electorales para garantizar los derechos de la sociedad y candidatos, a efecto de evitar la coacción al voto mediante la violencia e intimidación, así como darle facultades al Ministerio Público para que reciba denuncias por noticia criminal que llegue de cualquier medio de comunicación y a su vez, que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie investigaciones respectivas.

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