Foto: ACG

Morelia, Michoacán

Hay un vicio de origen en el inicio del proceso para desincorporar de 10 bienes estatales con un valor de 638 millones de pesos que serían subastados al final de la actual administración; en caso de concretarse su venta, la 74 Legislatura le dará el sablazo final al quebranto financiero estatal, lo cual llevará a perseguir legalmente a quienes compren los terrenos, porque detrás de ello, hay “negocios, negocios y más negocios”, adujeron integrantes del Equipo de Transición del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el vocero del Equipo, Carlos Torres Piña, puntualizó que dio inicio del proceso de desincorporación de bienes en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que se pasara al Pleno la posibilidad de desincorporar 10 predios que son patrimonio estatal cuyo avalúo es cercano a los 638 millones de pesos.

Del total de inmuebles se detectaron dos con mayor valor: el que se ubica en avenida Acueducto 3610 (ex Cereso Francisco J. Múgica) que tiene un costo de 332 millones de pesos, mientras que los terrenos fracción D, E y G sobre el Libramiento Sur de Morelia en ex hacienda La Huerta fueron valuados en 274 millones de pesos.

“De entrada, hay un vicio en la desincorporación de estos bienes, porque las comisiones que están autorizando esto, no contemplaron la participación de integrantes de Morena, porque las comisiones nunca fueron notificadas para sesionar, por lo cual la medida sería ilegal, porque quieren que eso pase a fuerzas y no lo vamos a permitir”, advirtió Torres Piña.

Bajo dicho escenario, Carlos Torres alertó a quienes compren los terrenos, que serán perseguidos, pues su venta será ilegal y arbitraria por parte del gobierno saliente.

La venta de predios, puro negocio, puro negocio entre particulares: Selene Vázquez

Por su parte, la también integrante del Equipo de Transición del gobernador electo, Selene Vázquez Alatorre (ex compañera de fórmula en el Senado con Silvano Aureoles), opinó que la legislatura saliente estuvo llena de escándalos, compra de votos y ausencias por “enfermedades no creíbles” y con la desincorporación de predios, se busca darle el sablazo final al quebranto financiero estatal.

La ex titular de la Comisión Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas que se desempeñó en el cargo durante los primeros años de la administración silvanista, reprochó que el valor del metro cuadrado en avenida Acueducto es de 12 mil pesos, por ende la venta del predio “podría representar un jugoso negocio” para quien lo adquiera.

“Se los venderán baratos a un particular, lo mismo los predios en Ex Hacienda La Huerta, son predios fraccionables para hacer negocios. Son negocios, negocios y negocios. Son trampas y con ese recurso se intentará pagar la nómina que se debe, ¿por qué tanta urgencia y para quién son esos negocios?”, finalizó la ex diputada local.


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