Ciudad de México
Una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en contra de criminalizar a las mujeres que interrumpan un embarazo, en una acción que podría generar jurisprudencia sobre la materia, con ocho de 10 votos a favor.
Esto a raíz de un cuestionamiento que hizo en 2019 la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, en torno al Código Penal de Coahuila, que pretendía castigar a las mujeres que interrumpan un embarazo producto de una violación, lo cual ya está permitido en todo el país.
La ponencia fue presentada por el magistrado Luis María Aguilar Morales, expuso que al sancionar a las personas gestantes que interrumpan su embarazo se están contraviniendo los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establecen varios derechos de estas personas que se estarían violentando: a la dignidad, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la igualdad jurídica y a la libertad reproductiva.
En el mismo sentido se pronunció el magistrado presidente, Arturo Zaldívar, quien recalcó que desde hace 10 años ha sostenido la misma postura: que no se debe criminalizar a las personas que interrumpan su embarazo.
“Todos estamos a favor de la vida, lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres, a una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino”, manifestó.
Señaló que aunque debe existir una protección por parte del Estado al producto de la gestación, esta no puede ser absoluta y deben prevalecer los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, reproductivos y sexuales, a la igualdad y a la no discriminación de las personas gestantes.
El magistrado presidente fue más allá y puntualizó que no sólo no se debe criminalizar ni obstaculizar el aborto, sino que el Estado debe garantizarlo a quienes no tengan recursos para practicarlo antes de las 12 semanas de gestación:
“En estos supuestos en que exista este derecho de la mujer, el Estado no sólo no puede criminalizarla u obstaculizar el ejercicio del aborto, sino que tiene la obligación de adoptar aquellas medidas para que las personas gestantes tengan acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias”.
Esto se da justo unos días después de que en Michoacán los diputados locales decidieran darle el ha lugar a una iniciativa que precisamente busca proteger el derecho del embrión.
