Morelia, Michoacán
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que el profesor y activista, Leobardo Reyes Meza, sigue siendo víctima de agresión sistemáticamente al interior de Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No.1.
Por ello, a casi un año de que fuera vinculado a proceso por los delitos de robo de auto y privación de la libertad, activistas, familiares y comunidad estudiantil entregaron un documento en el Congreso del Estado para solicitar la intervención de los legisladores en el caso.
A través de la Comisión de Derechos Humanos que preside María Teresa Mora, se está exigiendo a los diputados que hagan un exhorto para que se respete la integridad física y psicológica de lo que ellos llaman un “preso político”.
Asimismo, piden la intervención para que cesen los actos de hostigamiento y represalias en contra del activista, además de la destitución del director del penal, Noé Galván Carrillo.
Y es que a decir de los miembros del FNLS, el profesor Leobardo Meza ha sido agredido físicamente por otras Personas Privadas de la Libertad (PPL) que simplemente siguen órdenes directas del director y del jefe de seguridad.
“Nosotros tememos por su vida, porque además es una persona que padece una diabetes avanzada, entonces sabemos que se encuentra en un estado delicado a causa de las agresiones y las deficiencias en el servicio médico y alimenticio”.
Por su parte, la hija del activista, Lorena Reyes, expuso que antes de que su padre fuera aprehendido en 2020, ya se presentaban actos de hostigamiento por parte de la Policía Michoacán, lo cual lo atribuye a las convicciones políticas con las que se manejaba Leobardo Reyes en su lucha social.
En este sentido, se precisó que son más de 70 cartas escritas por el profesor de educación indígena las que han sido leídas públicamente, lo que a decir de los integrantes de la organización, ha desatado la rabia de los funcionarios penitenciarios.
Finalmente, expresaron que en este caso están apelando a la sensibilidad del Estado Mexicano para que respete el protocolo internacional de prisioneros, así como los tratados internacionales y la declaración de derechos humanos que prohíbe los tratos degradantes hacia las PPL.
